La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, entregó un completo informe sobre el encargo que le hizo el presidente Iván Duque de veeduría y supervisión encomendada durante 15 meses, a la gestión del alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira.
El informe de Ramírez a Duque destaca “importantes acciones y avances en materia de seguridad, protección costera, fortalecimiento institucional, vivienda, transporte, turismo e infraestructura deportiva, además de la hoja de ruta establecida en el “Pacto por Cartagena”, que busca llevar a la ciudad a un desarrollo sostenible, incluyente, en el que se consolide el crecimiento, la generación de empleo y el manejo eficiente y transparente de la gestión pública para acabar la pobreza y potenciar a Cartagena a nivel internacional”.
Hizo énfasis en que la ciudad requiere una estrategia de largo plazo que trascienda el periodo de una o dos administraciones. “Convoqué a los líderes sociales empresariales, institucionales y políticos de la ciudad a trabajar en un plan estratégico para lograr la Cartagena que rechace la corrupción y en el 2033, cuando cumple 500 años de fundada, alcance el pleno empleo, sin pobreza extrema y pobreza monetaria por debajo del 10%”, dijo.
La vicepresidenta pidió a los académicos, actores cívicos y empresariales, ciudadanía en general, y, clase política de la ciudad, que “acompañen en el mediano y largo plazo acciones que dieron inicio con el ‘Pacto por Cartagena’, para direccionar a la ciudad hacia el desarrollo sostenible, con correctivos a los problemas estructurales”. Destacó la restauración del canal del Dique, que adelantó la identificación de alternativas que aseguren el cierre financiero de la fase 3 del proyecto. Recordó que por su solicitud el Concejo de la ciudad aprobó en septiembre pasado la destinación del 50% de las contraprestaciones portuarias que recibe el Distrito, como fuente de financiamiento para este trascendental proyecto. Señaló, además, avances del proyecto de Protección Costera en el que se logró la inversión, en la fase I, de $160 mil millones , de los cuales el Gobierno nacional aprobó $100 mil millones, entre otros aspectos.