Son muchos los planes que se tienen para el año entrante con la torre de 25 pisos que levantó el proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela en cercanías al Castillo San Felipe. Mientras el alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt, aseveró que el futuro de esta estructura es la demolición y que por ende trabajará para que esto se haga, los constructores, la Promotora Calle 47 S.A.S., piensan en cumplir un fallo policivo que los obliga a restituir 619 metros cuadrados de espacio público que ocupó esta obra indebidamente. En total son cuatro los procesos que están vigentes y que envuelven al polémico Aquarela: una acción popular, interpuesta por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaria de Planeación, la Curaduría Urbana Primera y Promotora Calle 47, por presuntamente ser vulnerados los derechos colectivos.
También una acción de nulidad, interpuesta por la Procuraduría por la presunta ilegalidad de la licencia; el proceso policivo, como fallo de una inspectora que ordenó el cumplimiento de puntuales normas urbanísticas; y un proceso penal, en el que la Fiscalía le imputó delitos de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales al representante legal de la Promotora Calle 47 y al arquitecto del proyecto.
De todos estos, el primero que debe tener una respuesta o cumplimiento oportuno es la acción policiva, teniendo en cuenta que el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, tras una consulta elevada por el entonces alcalde Pedrito Pereira, el pasado 20 de noviembre, determinó que sí es posible restituir el espacio público ocupado indebidamente.
“En un auto del 31 de enero del 2019, el despacho negó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en providencia del 6 de diciembre de 2017, en consideración de que estas no pueden ni deben ser levantadas hasta que no se tome una decisión de fondo en esta acción popular; como se reitera son para evitar que se siga construyendo el proyecto, por tanto, es preciso aclarar que la orden dada en la acción popular no tiene nada que ver con la decisión policiva, puesto que se tratan de procesos diferentes.
“Con las consideraciones expuestas, se da alcance y claridad a la orden emitida en el auto del 6 de diciembre de 2017 y por tanto es el Distrito de Cartagena de Indias, a través de la dependencia o funcionario competente, el que debe hacer cumplir lo ordenado en el fallo policivo del 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior el 26 de octubre de 2018”, notifica el juez.
Posterior a la explicación del togado, la Promotora Calle 47 presentó un recurso de reposición a ese mismo juzgado para que se aclare la situación, y más sobre una supuesta medida cautelar vigente, a lo que el juez ratificó el concepto que le dio al Distrito, enfatizado en que el proceso policivo y el constitucional son de naturaleza distinta y autónomos y que las órdenes emitidas en el uno no son extensivas al otro.
El juez sostuvo que la medida cautelar estaba impartida para evitar la intervención (continuación del proyecto inmobiliario), y la orden de demolición dentro del procedimiento para la restitución del espacio público, cada una obligatoria, pero en su propio ámbito.
Siendo así las cosas, y a diferencia de una demolición como alternativa de restitución, los constructores plantearon el método de la perfilación.
“El fallo policivo lo que pide es la restitución de 24 metros cuadrados de antejardín. La estructura actual tiene casi 400 metros de espacio, por lo que los 619 metros de restitución de los que se habla públicamente salen de multiplicar esos 24 metros por 25 pisos que tiene la torre (...) Es posible la restitución de estos 24 metros mediante una perfilación de la estructura, lo que implica un riguroso trabajo con base en cálculos precisos y tecnología de punta que permita hacer una perfilación con precisión y sin afectar la obra o los bienes de terceros”, manifestó un vocero de la Promotora.
Uno de los actores principales en la historia de Aquarela es la Procuraduría General de la Nación, que de hecho presentó una acción de nulidad en contra de las licencias de construcción de Aquarela.
Faltando pocas semanas para que se acabara el mandato de Pedrito Pereira como alcalde encargado de Cartagena, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que el mandatario no tuvo avances en el cumplimiento del fallo policivo. Recordó que por esto hay una investigación disciplinaria vigente en contra de Pereira, y que esperaba a que su mandato acabara para determinar qué había hecho y qué no. Esto ha generado expectativa, ya que tras la culminación de este periodo de gobierno, la Procuraduría deberá dar informe de lo que se hizo con Aquarela.