A mediados del año 2020 podría conocerse un importante fallo en torno a una de las 12 demandas internacionales que actualmente enfrenta Colombia.
Y es que árbitros del tribunal de arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), institución adscrita al Banco Mundial con sede en Washington, estuvieron recientemente en la capital estadounidense escuchando los argumentos de Colombia ante la demanda de Naturgy –antes Gas Natural Fenosa– por la intervención del Gobierno a Electricaribe.
Los descargos de Colombia fueron escuchados en la fecha del 5 al 13 de diciembre de este año.
La apreciación del Gobierno es que los alegatos de Colombia fueron férreos y convincentes, al exponer claramente todas las razones y pruebas por las cuales se hizo la necesaria y legal intervención en 2017, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la empresa prestadora del servicio de energía, según lo indicado por Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representa al país en este trascendental proceso.
La Andje sustentó que Electricaribe se encontraba en un estado financiero crítico que le impedía brindar un buen servicio de energía a los siete departamentos de la Costa Caribe, y por lo tanto fue imperioso hacer la intervención administrativa y jurídica en procura de garantizar el suministro eléctrico a la región, y por consiguiente frenar la crisis financiera que ya recalcitraba al sector eléctrico.
LA CONTRAPARTE
Por su lado la empresa española Naturgy ha esgrimido que la intervención del Estado colombiano configuró una violación al trato justo de los intereses de esa empresa operadora, además de una expropiación de su patrimonio en Colombia.
En consecuencia, el demandante pide ante el citado tribunal internacional, que Colombia le pague por indemnización la suma de 1.626 millones de dólares.
Frente a esa multimillonaria pretensión y los argumentos de la parte adversa, se suscitó la reacción de la colombiana Agencia de Defensa, que en diciembre del año 2018 anunció una contrademanda a Naturgy.
El director de la Andje, Camilo Gómez Alzate, manifestó que la contrademanda colombiana se funda en que el Estado ha tenido que canalizar muchos recursos a Electricaribe durante la intervención, para garantizar la prestación del servicio de energía los 2,7 millones de hogares usuarios de ese servicio en esta región, unos 10 millones de habitantes en la región.
También explica que el desalentador servicio de la empresa energética impactó el desarrollo general de la Región Caribe, traduciéndose en menor productividad y menor recaudo de impuestos.
Igualmente argumentó que la administración de Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– sobre Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa de energía.
