La administración distrital anunció que volverá a radicar el proyecto de acuerdo por el cual se buscan unas facultades para que el alcalde mayor de Cartagena realice un préstamo de $20 mil millones a la banca, recursos que serán destinados a Transcaribe, para ejecutar la chatarrización de los restantes buses públicos que aún quedan en la ciudad, para que así la empresa del Sistema Integrado de Transporte Masivo pueda poner en marcha más buses e ir ampliando su flota y cobertura.
El alcalde Pedrito Pereira, anunció que la administración insistirá en que el proyecto vuelva al Concejo y se despejen las dudas sobre la legalidad del mismo.
En la actualidad hay un alcalde ad hoc para todas las decisiones de Transcaribe, ya que el mismo alcalde Pedrito Pereira, presentó a la Procuraduría un impedimento, dado que su familia hace parte de los empresarios del transporte en la ciudad.
(Lea aquí: El estudio que busca reformar a Transcaribe)
¿Por qué el rechazo?
Lo cierto es que la iniciativa lleva dos rechazos en el cabildo, y parece que las trabas persistirán. Uno de los argumentos es que no hay una claridad fiscal sobre el proyecto para que el Concejo asuma una decisión.
Por ello el concejal César Pión, del Partido de La U, envió al contralor distrital Freddy Quintero una carta solicitándole emitir un concepto, “desde la óptica fiscal, sobre el estado de Transcaribe, sobre este crédito público por $20 mil millones y los aportes que han hecho los operadores en chatarrización”.
Para el concejal allí hay algo que puede considerarse como irregular, ya que el propio ente gestor, (Transcaribe) no puede convertirse en operador, porque eso lo autoinhabilita. Otra de las trabas al proyecto es que, según el concejal, siguen existiendo pérdidas monetarias por tarifas, y el proceso de chatarrización no va a frenar esas pérdidas, entre otras cosas, sostiene el concejal Pión “porque las vías siguen siendo las mismas, y el transporte informal sigue aumentando, (mototaxismos, colectivos)”.
Entre tanto la Ministra de Transporte había destacado el apoyo que deben brindar los entes territoriales para lograr una mejor operación del SITM Transcaribe.
Pero el mismo Concejo pidió al Ministerio del Transporte que se ordene una revisión de Transcaribe desde su constitución para garantizar que las inversiones estén cobijadas de legalidad.
¿Presión electoral?
Para el abogado y veedor Marlon Madiedo, “la época electoral, en la que se mueve transversalmente una Ley de Garantías, no ayuda al avance de este proyecto, es por eso que el mejor escenario sería después de elecciones y cuando pase la ley; ya que esta negativa a aprobar el proyecto por parte del Concejo podrían ser entendidas por ciertos sectores como un mecanismo de presión, con fines electorales”.
En la actualidad el Concejo está sesionando en el tercer periodo de sesiones ordinarias y es probable que vuelva a los debates el proyecto de acuerdo, que busca asegurar la operación del sistema de transporte a toda la ciudad.
