Ante la plenaria del Concejo de Cartagena se presentó una queja sobre el preocupante y creciente consumo de drogas y bebidas embriagantes por parte de jóvenes estudiantes en los patios y parqueaderos del Centro Internacional de Convenciones, Julio César Turbay Ayala, en el barrio Getsemaní.
El pronunciamiento lo hizo el concejal Ronald Fortich, quien denunció que a cualquier hora del día se observan a jóvenes consumiendo todo tipo drogas en ese lugar y se preguntó ¿en dónde estaban las autoridades? y porque no se hacía nada para evitar ese fenómeno.
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El concejal anunció que la semana próxima el Concejo citará al comandante de la Policía de Cartagena y a funcionarios de la administración para que se den unas acciones que permitan intervenir el lugar y controlar a los adictos.
Concejo debe reglamentar
El pasado 16 de septiembre, la plenaria del Senado aprobó en último debate, el proyecto que prohíbe el consumo y el porte de drogas o sustancias psicoactivas, incluida la dosis mínima, en parques, espacios públicos y sitios cercanos a los centros de educación, como colegios y universidades. Asimismo será el Concejo de Cartagena quien deba reglamentar mediante proyecto, esta ley para su aplicabilidad en la ciudad.
El Congreso estableció también que corresponderá las administraciones de los conjuntos residenciales, regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001.
Salas de consumo
También dispuso crear las salas de consumo de drogas reguladas a cargo de la Secretaría de Salud de cada municipio o Distrito y entidades territoriales, de acuerdo con la capacidad presupuestal de cada población.
Con la aprobación quedó vigente el decreto del presidente Iván Duque que ordena el decomiso de sustancias psicotrópicas por parte de las autoridades competentes, con el fin de proteger, especialmente a los niños y adolescentes del país.
Alcaldes deben decidir
La ley aclara que con la iniciativa no hay criminalización del consumo y corresponderá los alcaldes de los 1.103 municipios del país establecer los perímetros para la restricción del consumo y porte de dogas, incluso la dosis personal, en lugares públicos.
