El pasado 29 de septiembre El Universal publicó una nota en la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hablaba del cambio de operador para el Centro de Atención Especial para menores infractores de irresponsabilidad penal (CAE), después de que trabajadores de Asomenores protestaran exigiendo el pago de los meses adeudados.
(Lea aquí: Trabajadores de Asomenores protestan por el no pago de sus salarios)
En su momento, Andrés Mejía Pizano, director Regional de Bienestar Familiar, señaló que son un ente autónomo de tomar cualquier decisión y enfatizaron en que Asomenores ya no tenía ni contrato ni licencia con ellos desde mayo, cuando se les terminó, lo que quiere decir que los trabajadores que exigían su pago no debían reclamarle a dicha entidad, sino que deben hacerlo al operador que los contrató.
En dicha nota también se hacía referencia al motivo del cambio de operador para las modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Bolívar, donde se decía que había sido por mal manejo de los recursos, sin embargo, el ICBF se permite aclarar que, lo alertado por la Procuraduría 148 Judicial II para SRPA de Santa Marta se limitó al contenido del acta de fecha 27 de septiembre de 2018, en la cual se establece lo siguiente: “En la fecha se realiza reunión con el equipo de la Dirección Regional ICBF Bolívar, con el objetivo de poner en conocimiento y solicitar intervención frente a las situaciones advertidas tanto en la visita realizada ayer al CAE Asomenores como en las audiencias del SRPA en Santa Marta, las cuales afectan los procesos de atención de los adolescentes del departamento del Magdalena que están en esa institución. Se exponen aspectos puntuales sobre los que se solicita intervención por parte de la Regional como responsable del contrato ICBF – Asomenores: falta de agua potable para consumo por los adolescentes, daños en los baños, ingreso de drogas, celulares, armas; dificultades en el manejo de conflictos entre los adolescentes; refrigerios, procesos de educación, ocupación productiva del tiempo libre, enfoque restaurativo y salud.
Por parte del ICBF se manifestó interés en tomar acciones de mejora. Se recomendó coordinar y articular con todas las entidades que tienen responsabilidades en la garantía de derechos de los adolescentes vinculados al SRPA. Se requiere con carácter urgente que se superen las situaciones de salubridad en la planta física del CAE para que los jóvenes reciban el servicio en condiciones de dignidad y se puedan alcanzar los fines del SRPA.
Se hace necesario que el operador documente los informes Platin y seguimientos, y que se incluyan las acciones de intervención piscosocial con las familias (talleres, escuelas de padres, etc).
Entre los compromisos pactados estaban intervenir con carácter urgente para que se superen las falencias advertidas y se cumplan los fines del SRPA. Desde la Procuraduría continuar el acompañamiento desde la función preventiva, para lo cual se informará de esta reunión a la procuradora Judicial del SRPA Cartagena, Alicia Múñoz”.