Hace 19 años Wilfrido Pérez, en compañía de otras diez familias de la etnia Zenú, se vio obligado a salir de su oriundo pueblo de Tuchín, cuna del famoso ‘sombrero vueltiao’ que hoy es símbolo nacional, huyendo de la cruda violencia armada entre grupos paramilitares que por aquellos tiempos azotaba al departamento de Córdoba.
Fue así que junto a su comunidad buscó refugio en Cartagena, donde reside desde el año 2000 en el sector 20 de Julio de las faldas de La Popa, en inmediaciones del barrio Daniel Lemaitre. Hoy son aproximadamente 30 familias indígenas Zenú las que habitan en ese lugar y que en medio de la dinámica urbanística de la ciudad buscan sostenerse a través de oficios como la fabricación y venta de artesanías.
Sin embargo son muchas las dificultades que han tenido que experimentar en Cartagena como minoría étnica, partiendo de la situación de alto riesgo en la que se encuentran sus viviendas y la falta de acompañamiento del Distrito para garantizar su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
“Creemos que hace falta voluntad política del gobierno con nosotros, que ven a las comunidades como una problemática”, explica Wilfrido Pérez, líder indígena de la comunidad Zenú residente en este sector, quien también fue enfático en exigir que se diseñe una política especial para ellos desde la administración pública.
Resulta curioso pensar que en una ciudad como Cartagena, heredera de un legado multicultural que se gestó desde la convergencia de razas y saberes durante la colonia, persistan este tipo de inconformidades por parte de una población indígena que no se siente representada y no halla espacios para desarrollar su autonomía.
En cuanto a la etnia Zenú, el caso más visible puede ser el que atraviesan cerca de 53 familias indígenas que habitan en Membrillal, las cuales desde hace cuatro años se encuentran esperando una respuesta del Distrito en torno a la reubicación de sus viviendas. Esto debido al término del contrato de arrendamiento con los propietarios de la finca San Isidro donde residen actualmente.
Esta situación fue objeto de debate en el Concejo el pasado lunes, sesión en la que se estudió el proyecto que pretende mover a estas comunidades a un terreno que el Distrito piensa comprar en el corregimiento de Bayunca. Sin embargo durante la audiencia se evidenciaron ciertas discrepancias con respecto a la debida socialización de este lote a la comunidad.
Una de las entidades que ha seguido de cerca este proceso y ha acompañado a varios pueblos indígenas en su reconocimiento legal ha sido la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), la cual a través de su directora Ana María González, manifestó que “ha existido una demora imperdonable por parte de las instituciones dada la situación de los indígenas, esto debido a su doble condición de vulnerabilidad como indígenas y víctimas”.
FEM desde hace siete años ha venido coordinando una labor con los cabildos indígenas urbanos que les ha permitido formalizar su organización ante las entidades estatales, como fue el caso del pueblo Inga que desde hace más de 40 años reside en los barrios de El Pozón y San Fernando, y que apenas fue reconocido oficialmente como cabildo en el año 2016.
Con los zenúes esta gestión fue realizada en el 2013. Con ellos además han desarrollado diversos proyectos que les han permitido adaptarse a la vida citadina como lo es la Asociación de Tinteros y Artesanos Indígenas Zenú (Atinaz) y la Asociación de Mujeres Artesanas Indígenas Zenúes (Asomaiz), organizaciones que les han permitido preservar las tradiciones culturales de su etnia en la ciudad.
Así por ejemplo a través de la iniciativa “Nihna”, un taller cerca de sus viviendas en Daniel Lemaitre, practican y enseñan a la comunidad en general sobre la elaboración de productos tejidos en cañaflecha, tales como sombreros, bolsos y manillas.
“Se trata también de compartir nuestras experiencias y de que haya un intercambio de saberes”, explica Wilfredo Pérez, quien también con apoyo de la FEM se desempeñó como guía en el Museo del Oro Zenú, donde le hablaba a los visitantes sobre la historia de su etnia y visibilizaba su cultura.
Los cabildos urbanos
El último censo oficial dado a conocer en Colombia sobre la presencia de esta población en el territorio, data de 2005, pues las mediciones que hizo el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en 2018, aún no han sido socializadas por la entidad.
En aquel tiempo se identificaron 1.378.884 indígenas, divididos en 87 grupos étnicos. Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en una medición interna aseguró que actualmente existen 102 grupos, de los cuales 18 están en riesgo de desaparecer.
De acuerdo con esa información, el departamento de Bolívar es uno de los territorios con menor población indígena en el país, pues esta no alcanza a cubrir el 1% de su población general, sin embargo llama la atención, que de ese minoritario grupo, cerca del 81,27% resida en cabeceras municipales, principalmente en Cartagena, donde fueron censados 1.419 indígenas distribuidos en diversas etnias y zonas de la ciudad.
Actualmente la Secretaría del Interior del Distrito reconoce de manera oficial seis cabildos en Cartagena: el Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem), el Cabildo Indígena Zenú de Bayunca (Caiceba), el Cabildo Indígena Zhanu Zhandero de Bayunca (Khainzhazb), el Cabildo Indígena Inga, el Cabildo Indígena Kankuamo y el Cabildo Indígena de Pasacaballos.
Sin embargo de todos ellos tan solo los tres primeros han sido posesionados. De acuerdo al Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016 – 2019, en este período serían asignados 3.619 millones de pesos enmarcados en el Programa de Diversidad Étnica para Afros e Indígenas, el cual ejecutaría acciones ‘para la garantía, defensa y protección de estas comunidades’.
“Dentro de las acciones desarrolladas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, se destaca la entrega de insumos para el desarrollo de 16 iniciativas de emprendimiento, a miembros de cabildos y organizaciones indígenas”, expresó la dependencia en un comunicado.
Con respecto a la reubicación del Cabildo Zenú de Membrillal, la Secretaría también señaló que ha realizado un acompañamiento permanente a esta comunidad en su proceso de traslado y reubicación, y que para ello se han articulado esfuerzos con instituciones como la Gobernación de Bolívar, la Personería Distrital, la Unidad de Víctimas, entre otras entidades.