El desorden urbanístico en Cartagena no es un secreto para nadie. El colapso del edificio portales de Blas de Lezo II, que cobró la vida de 21 obreros, fue la tragedia que obligó a las autoridades a ponerse las pilas en cuanto a control urbano, y terminó convirtiéndose en la punta del iceberg de todos los problemas que hay en ese campo. Que claro está, se agudizan con la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado.
Entre los esfuerzos que se hacen para mejorar el panorama, el pasado 16 de mayo la Alcaldía de Cartagena lanzó el Cuerpo Élite de Control Urbano, un equipo multidisciplinario constituido por los inspectores de policía, la dirección administrativa de Control Urbano, que coordina el proyecto; la oficina asesora para la atención y Gestión del Riesgo, IPCC, DATT, EPA, Distriseguridad y Gerencia de Espacio Público. Además de contar con el apoyo de la Policía Nacional, Personería Distrital y Procuraduría.
“Hemos hecho un gran esfuerzo para activar todas las funciones de Control Urbano, igualmente con la Procuraduría General de la Nación venimos desarrollando un Plan de Normalización Urbanística dentro del cual se creó el Cuerpo Élite de Control Urbano y también le hemos dado fortaleza a las inspecciones de Policía”, manifestó el alcalde (e) Pedrito Pereira.
Este equipo multidisciplinario es el encargado de hacer recorridos cada 15 días en uno o dos barrios de la ciudad. Hasta la fecha, viviendas sin licencias de construcción, uso indebido del suelo, establecimientos de comercio que no cuentan con registro de publicidad exterior visual y talleres que no cumplen con los planes de manejo ambiental, son algunos de los motivos que han dado paso a sanciones.
Según afirmó Luz Mercedes Simarra, directora de Control Urbano, la oficina lleva 790 procesos sancionatorios por las diferentes infracciones, teniendo en cuenta que esta dependencia tiene el deber de controlar, regular y vigilar que la construcción corresponda a lo que está aprobado en la resolución emitida por la Curaduría.
La Providencia, El Cabrero, Marbella, San Fernando, Armenia, Barrio España y Bayunca son los lugares en donde se han realizado los 7 operativos que han dejado como resultado 10 sellamientos entre obras y establecimientos de comercio.
Pero...¿qué pasa después de los recorridos? “Cada entidad dentro del marco de sus competencias, al momento de encontrar una infracción se la hace saber al inspector, y este es quien tiene la capacidad de sellar las obras. Una vez se hace el sellamiento, al infractor se le dan las indicaciones para que se acoja a la normativa y se le dan 60 días para ello, una vez venza ese plazo se le hará efectiva una sanción”, aseguró la directora de la dependencia.
En términos de sanciones económicas, la multa dependerá de cuántos metros cuadrados se infringieron, sin embargo, en ningún caso la multa será mayor a 200 salarios mínimos mensuales vigentes y el valor total de las multas impuestas no podrá superar el valor catastral del inmueble.