Un preocupante panorama de seguridad quedó en evidencia durante la presentación del Informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos (CCV), que reveló que los delitos sexuales en la cuidad parecen no detenerse y por el contrario aumentan.
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De acuerdo con el informe, en la ciudad se pasó de 514 casos durante el 2017 a 661 en el 2018, es decir, en el último año se presentaron 60 casos más. Con estas cifras, el 2018 se posiciona como el período con más delitos sexuales en los últimos 11 años (lugar que hasta ahora había sido ocupado por el año 2017), y como el índice más alarmante de inseguridad en Cartagena en el último año, teniendo en cuenta que las tasas de homicidio y violencia intrafamiliar disminuyeron.
Pero sin duda lo más preocupante del informe es que las víctimas más frecuentes de este delito siguen siendo los menores de edad, en el último año hubo 574 presuntos casos, en los que las niñas entre los 10 y los 17 años son las principales afectadas.

Si bien las cifras de 2018 son inquietantes, es de recordar que durante los últimos tres años las tasas de delitos sexuales no han parado de aumentar, por lo cual desde el año pasado las autoridades nacionales y locales unieron esfuerzos en una especie de cruzada en contra de los autores de este tipo de actos en la ciudad (especialmente cuando de menores se trata) que ha dejado importantes resultados.
Nada más durante el primer semestre de 2019 hubo importantes capturas por parte de la Fiscalía, actuando en casos como el de un docente señalado de abusar sexualmente de una alumna; un hombre que, al parecer, abusó sexualmente de una vecina con discapacidad cognitiva; una niñera que habría cometido un delito sexual con un menor de 3 años o un hombre que habría abusado sexualmente de su propia hija. Adicional a esto son varias las jornadas que adelanta el Distrito en la prevención de abuso y explotación sexual de menores.
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Sin embargo, pese a estos procesos, llama la atención que no ha sido posible disminuir las tasas de este delito, por lo cual valdría la pena revisar las estrategias implementadas hasta el momento y ver qué reformas serían necesarias para cambiar la tendencia y que los casos sean menos.
El informe también revela que los barrios con mayor ocurrencia de este delito son: Olaya, que lidera la lista con 54 casos; seguido por El Pozón con 39, y Nelson Mandela con 32 casos.
A estas alarmantes cifras se les suma el hecho de que los menores de 10 a 17 años tienen las tasas más altas de víctimas de delitos sexuales en Cartagena. En el 2018 la tasa en este rango de edad fue de 268,5 casos por 100 mil niños y niñas, mientras que en el 2017 fue de 209, es decir aumentó 59,5%, además que en el 75% de los casos los victimarios son conocidos o familiares.
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Si analizamos los contextos en donde más ocurren los hechos, encontramos que estos tienen en común factores predisponentes o que favorecen a su ocurrencia. Pobreza, migración, desplazamiento, tolerancia del maltrato, familias disfuncionales, reestructuradas o extensas (padrastros, madrastras, vivir con varios familiares) son algunos de los factores.
Aunque el informe presenta en cuánto aumentaron los delitos sexuales en la ciudad, quiénes son las víctimas, en qué tipo de escenario sucede y quiénes son los victimarios, no específica qué tipo de delitos sexuales se denuncian más en la ciudad. En la Ley 1236 de 2008 se tipifican 10 delitos sexuales distintos.
Desde 2009 el distrito de Cartagena desarrolla estrategias en contra del abuso y explotación sexual de menores, una de estas es ‘Lo valioso es no tener precio’ que va dirigida a todos los públicos y sus
actividades se llevan a cabo en las tres localidades con el fin de prevenir el abuso y la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Además, se desarrolla la estrategia ‘La muralla soy yo’ con la cual busca fortalecer las acciones para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo en la ciudad, con lo cual han logrado certificar a 113 empresas y han desarrollado planes de prevención frente a la explotación sexual, haciendo seguimiento y monitoreo de la aplicabilidad de la ruta y protocolo de atención.