En septiembre se cumplirán dos años desde que Guidobaldo Flórez Restrepo llegó para ponerse al frente de la Procuraduría Provincial de Cartagena.
En una entrevista con este medio respecto al balance de su trabajo frente a la seccional de ese ministerio, el funcionario destacó que fueron reconocidos como la tercera procuraduría a nivel nacional que más fallos ha sacado.
Este resaltó las acciones que han logrado gracias al trabajo junto a su equipo, pues mientras que en el 2017 se emitieron 5 fallos sancionatorios, en el 2018 fueron 24 y en el 2019, a corte de julio, van 22 fallos sancionatorios.
Asimismo, destacó que en 2017 sancionaron a 3 funcionarios; en el 2018 fueron 24 y en el 2019, a corte de julio, iban 22 funcionarios sancionados. Entre esos procesos destaca casos importantes como la suspensión de Clara Calderón, quien estuviera al frente de la Secretaría de Infraestructura del Distrito; la destitución e inhabilidad en general del curador urbano Ronald Llamas por posibles irregularidades en una licencia de construcción; o la suspensión de Iván Castro, quien fuere gerente de Espacio Público, por posibles irregularidades en un contrato de aprovechamiento económico.
El procurador provincial de Cartagena señaló que sus actividades han hecho énfasis en la misión preventiva, teniendo que en el 2017 fueron 503, mientras que en el 2018 se hicieron 1.412 y en el 2019 van 1.003, a corte de julio. Flórez Restrepo también habló de los casos y problemas más significativos de la ciudad y los 14 municipios de su jurisdicción, en los que viene trabajando junto a su equipo.

El procurador Flórez destacó que han hecho un seguimiento especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, teniendo en cuenta los problemas con este. “En 2018 el PAE solo empezó hasta septiembre. Este año empezó casi desde el primer día y se hacían reuniones con el contratista y Secretaría de Educación. Del año pasado tenemos pocas quejas de ejecución. Hay, pero dentro de la normalidad. Lo importante es que se ha logrado que los niños tengan su alimentación escolar. Estar en el proceso de seguimiento no nos inhabilita de empezar procesos disciplinarios si vemos una irregularidad.
Hemos estado allí y tenemos buena coordinación con el Distrito para que esto se dé”, dijo.
Guidobaldo Flórez dijo que han tenido fuerte participación en cuanto a acciones referentes al espacio público en el Centro, lo que ha llevado a que autoridades revisen requisitos para establecimientos, como cumplimientos con permisos. “Con procuradores provinciales y judiciales hemos estado pendientes al PEMP. Hemos tenido mesas de trabajo con sociedad civil y dueños de bares y actores del Centro Histórico. Requerimos a la ciudadanía que haga los requerimientos que crea necesarios. El PEMP es el plan de manejo y busca cuidar el patrimonio y no se puede adecuar a las facilidades y beneficios de cada sector”. Respecto al caso Aquarela, dijo lo siguiente: “En este momento el alcalde tiene que lograr sacar el estudio estructural donde le diga si al recuperar los 619 metros -de espacio público- el edificio puede estar en pie o no. Y con este estudio se lo pueda presentar a la juez y decida levantar suspensión de la obra y poder recuperar el espacio público. En los que tiene que ver con construcciones estamos atentos”. De igual forma, se refirió al traslado del mercado de Bazurto y recordó que hay una situación jurídica que no ha permitido que esto pase. “Hemos requerido al magistrado que tiene el caso para que decida la segunda instancia”, explicó.
Respecto al servicio de energía, el procurador contó que tienen mesas de trabajo con Electricaribe y recomendó a instituciones que hagan reservas presupuestales para que cumplan con sus obligaciones. “Desafortunadamente, algunos funcionarios no hacen apropiaciones presupuestales y ellos los ha llevado a incumplimientos de ley y se hacen procesos disciplinarios.
La zona insular sale afectada en temas de energía. Hemos hecho requerimientos a la Alcaldía y al instituto nacional que tiene los temas de zonas no interconectadas, para que se dé una solución con plantas eléctricas y en zonas como el Islote se puedan activar los paneles solares”. Añadió que este año el proyecto estratégico es la discapacidad, para que Cartagena sea una ciudad inclusiva. Hemos requerido al Distrito y hecho reuniones con el alcalde y sus secretarios. Empezamos a trabajar y surgió la situación de Transcaribe, que tiene algunas limitaciones y vamos a hacer una mesa técnica para eso. Se le pide a la ciudadanía y a hoteles que adecuen sus zonas de ingreso para que las personas con limitaciones puedan tener fácil acceso”.
En cuanto a acciones referidas a este tema, el procurador provincial explicó que han trabajado en la reactivación del Ecobloque y lo han impulsado. “Tenemos acciones como el cumplimiento de lo referente al caño Juan Angola, porque ese tramo es lo que permite la oxigenación de la ciénaga de Las Quintas con la ciénaga de La Virgen. El Juan Angola no está funcionando. Le pedimos al Distrito que revisara la inversión allí de $14 mil millones. El Distrito lo va a someter a rigurosidad en cuanto a estudios ambientales.
“En cuanto a aseo, en ocasiones Cartagena tiene apariencia de una ciudad que no trabaja bien el asunto de las basuras. Se identificaron 22 puntos críticos donde no se hace tratamiento de basuras. Trabajamos en una mesa interinstitucional para demostrar cómo con trabajo coordinado podemos sacar adelante dos de estos puntos: el puente de Canapote y el Benjamín Herrera, porque allí ese impacto es fuerte con la población que vive alrededor. Hemos hecho un trabajo, no ha sido exitoso, el Distrito no ha hecho acciones que entenderíamos deberían tomarse. Es que en zonas como debajo del puente de Canapote debe hacerse una intervención de espacio público, con sillas, espacios deportivos, que la gente pueda apropiarse del espacio. Si el ciudadano se apropia, deja de ser un botadero de basuras. Igual en el Benjamín Herrera. En esa parte trabajamos con el Distrito. Expertos dicen que en el Benjamín Herrera se debía derribar porque no funciona”, explicó el funcionario.
Respecto a las inhabilidades de candidatos de cara a las elecciones del 27 de octubre, dijo lo siguiente: “A estas indagaciones les vamos a dar celeridad, porque el ciudadano tiene que votar bien, porque como entidades del Estado tenemos que aclarar si están o no aptos para ejercer el cargo. El Consejo Nacional Electoral envió listado a la Registraduría de quiénes están inhabilitados. El 2 de agosto envió esas listas. Hay que aclarar que los investigados no están inhabilitados. Pero lo más recomendable es que todos los candidatos se revisen y que sean conscientes de que si tienen duda de inhabilidad, resuélvanla y no se presenten o renuncien, porque eso es un fraude a la ciudadanía y a la democracia”.
Flórez también se refirió al video difundido por algunos portales web, en donde sale saludando a la candidata a la Alcaldía Yolanda Wong, y donde lo señalan de tener algún tipo de favorecimiento para esta.
Explicó que eso se trató de un saludo cordial para una funcionaria con la que trabajó en algunos temas de ciudad debido a las funciones de ambos y que no entiende por qué le han puesto suspicacia. “Eso se dio en una audiencia contra Iván Castro en diciembre, en la que ella fue como testigo de este. Yo saludo a todo el mundo, a investigados, abogados. El 31 de mayo la citamos a una audiencia por una investigación contra ella y consideramos que el proceso contra Yolanda Wong va a ser rápido porque va a ser verbal. Va a ser un fallo con todas las garantías, para septiembre podría haber fallo.
“Hemos demostrado independencia y eso se ve en cifras y fallos que hemos sacado. Hemos tocado a casi todos los municipios y entidades. Aquí había entidades que no se habían tocado, como Edurbe. En el tema de Edurbe, tenemos una línea de investigación, una parte la llevamos en Cartagena y otra en Bogotá”, concluyó.
“Hay un tema que hemos hecho énfasis y es la atención prehospitalaria. Si te enfermas en la calle y no tienes documentos, quedas inconsciente y llaman a una ambulancia, preguntan a qué EPS perteneces y la persona no puede hablar. Hemos hecho trabajo con Dadis para que se cumpla el requerimiento para que en estos casos se garantice la atención, porque la norma habla del fortalecimiento del CRUE, que no se le tenga que preguntar a persona a qué EPS pertenece. La prestación del servicio en las islas nos preocupa. Anunciaron ambulancia para las islas, pero la Armada es la que presta servicios de ambulancia porque esa zona no tiene. Armada transporta a enfermos en lanchas de guerra; aparte que no está adecuada para eso, son los costos del Estado. A raíz de eso, hemos hecho despliegue con instituciones para que den cumplimiento y aspiramos a que el Distrito se ponga las pilas y tengamos al menos dos ambulancias para la gente de las islas”, dijo Flórez.