El traslado de 11 reclusas de la cárcel de San Diego a otras cárceles del país parecía ser un avance para la situación del penal. Sin embargo, no ha sido así, pues al sitio han seguido enviando sindicadas, según informó el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira.
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“Pese al estado del centro de reclusión y las reuniones hechas con el Consejo Seccional, los magistrados del Tribunal, la Fiscalía, para que las detenidas sean enviadas a otros centros de reclusión, y pese a la petición de la misma Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, los jueces siguen enviando internas al centro carcelario”, aseguró el alcalde Pereira.
Según conoció este medio, luego del traslado de 11 internas condenadas hace pocas semanas, al centro de reclusión ingresaron un total de 22 sindicadas, de las cuales 17 están con detención intramural y las otras 5 con detención domiciliaria.
Respecto a este tema, el mandatario aseguró que “esto sigue complicando, el estado de riesgo a la vida de la detenidas sigue”.
Barranquilla, Santa Marta y Montería serían las cárceles que según el alcalde podrían ayudar a solventar la situación de San Diego. También pidió contemplar la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos de detención preventiva.
“Los jueces y demás autoridades deben ser conscientes del estado de la cárcel y que pueden poner en practica los diferentes mecanismos de detención preventiva, diferente a la intramural”, aseguró el alcalde Pereira.
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Desde hace un mes el procurador provincial, Guidobaldo Flórez, pidió a la Rama Judicial frenar el traslado de reclusas a la cárcel de San Diego, debido a que esa sería la única solución momentánea a la crisis reportada dentro del centro carcelario.
El traslado de las sindicadas a otras cárceles del país, como propone el Distrito, podría generar un caos en el sistema carcelario, debido a que los términos se pueden vencer por falta de movilización y recursos, según contó Freddy Machado, presidente de Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal).
“Es difícil adelantar un proceso con los privados de la libertad en otra ciudad. El problema es del Inpec, no se puede trasladar a la justicia, el hecho grave es que los vecinos de la nueva cárcel rechazan ese traslado”, afirmó Machado.
Según contó el presidente de Asonal Judicial, el manejo de este tema es muy complejo, ya que hay una situación ajena a los jueces que afecta los términos y dinámicas del proceso.
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Según conoció este medio, desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hace varias semanas se emitió una resolución que autoriza el traslado de otras reclusas condenadas, pero aún no se hace efectivo.
El traslado de la cárcel de San Diego sigue sujeto a la decisión que se tome desde la Alcaldía del municipio de Turbaco, debido a que el nuevo sitio en el que podría funcionar el penal está ubicado en la zona de conurbación.
Según se conoció hace un par de semanas, en el lugar se realizó un estudio de suelo y dependiendo de los resultados, la alcaldía del municipio emitiría una respuesta, sin embargo hasta la fecha no se han pronunciado.
Este medio intentó comunicarse con el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá para conoce detalles del proceso pero no fue posible obtener información.