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Cartagena

Afros e indígenas LGBT gritan ¡Es ahora! en la lucha por sus derechos

Caribe Afirmativo y Colombia Diversa exponen en un libro su investigación sobre derechos económicos, sociales y culturales de personas afros e indígenas LGBT en cinco municipios, entre ellos Cartagena.

Afros e indígenas LGBT gritan ¡Es ahora! en la lucha por sus derechos
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Ser mujer lesbiana y negra es una de las condiciones más complejas en una sociedad como la colombiana donde prevalece la misoginia, la lesbofobia y el racismo”, dice Adriana, una joven lesbiana palenquera de Cartagena.

Sus testimonio apoya los resultados plasmados en el libro “¡Es ahora!”, de las fundaciones Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, una investigación sobre derechos económicos, sociales y culturales de personas afrodescendientes e indígenas LGBT en cinco municipios de Colombia.

El informe fue financiado por el programa Inclusión para la Paz de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos –USAID- e implementado por la Organización Internacional de Migraciones –OIM.

Según Vivian Cuello, investigadora de Caribe Afirmativo, en la indagación “se identificaron escenarios de discriminación, como falta de enfoques diferenciales materializados en el acceso a la salud, la dificultad de las vías de acceso, la alta deserción escolar, la discriminación laboral en razón de las orientaciones sexuales o identidades de género diversas y de su pertenencia étnica-racial”.

Derecho a la cultura

El movimiento cultural en Cartagena es muy fuerte, y es común ver a personas afrodescendientes en grupos de champeta, de teatro reivindicativo de lo afrodescendiente, los reinados, festivales de cine, entre otros. De estos escenarios hacen parte las personas LGBT afrodescendientes en la ciudad.

Por eso, en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se adelantan protocolos para promover la inclusión y no discriminación.

Derecho a la familia

Las indagaciones de Caribe Afirmativo y Colombia Diversa dejan ver que la invisibilización y exclusión social de las personas afrodescendientes LGBT suelen potenciarse en barrios periféricos y zonas marginales. Hay casos de familias constituidas por parejas de mujeres afrodescendientes, que tuvieron que desplazarse a otros barrios pues en los suyos la violencia hacia ellas era aguda.

Debido a estas situaciones, la Alcaldía de Cartagena está construyendo una línea base para abordar la agenda LGBT, en la que incluirán la diversidad étnica y el derecho a la familia, con miras a formular una política pública más adelante.

Derecho a la salud

El Distrito, en una base de datos, registra quejas por discriminación en la prestación de servicios de salud, pero el DADIS afirma que no ha recibido ninguna queja al respecto.

Derecho a la educación

Para los entrevistados, decir que una persona afrodescendiente es LGBT en una institución educativa podría “representar un riesgo para su seguridad”, debido a posibles agresiones, pues hay casos documentados. Con todo esto, muchas personas LGBT afrodescendientes culminan la educación básica y secundaria, pero llega un nuevo obstáculo: la falta de recursos económicos para la educación superior. “Para esto, no solo Cartagena, sino todo el país, sigue en deuda con los jóvenes por una educación superior que sea para todos”, dice Vivian Cuello.

Derecho al trabajo

Cuello agrega que a pesar de que la legislación laboral y varias sentencias de la Corte Constitucional han abordado el tema de la discriminación laboral por la orientación sexual y la identidad o expresión de género diversa, no se han implementado políticas diferenciales consistentes en la materia.

Además, dice que la Alcaldía no cuenta con una secretaría de género, que apoye la inclusión social y laboral de las personas LGBT.

“Es importante que el Estado colombiano entienda que es ahora el tiempo para adoptar medidas diferenciales que garantice el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de personas afrodescendientes e indígenas LGBT”, aseguró Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

El informe fue financiado por el programa Inclusión para la Paz de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos –USAID- e implementado por la Organización Internacional de Migraciones –OIM.

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