Eran las 3 de la madrugada cuando *Patricia, una joven universitaria, recibió un mala noticia. Le informaron que su madre había muerto en una clínica de Cartagena, víctima de un accidente de tránsito.
Tan solo media hora después, mientras lloraba y cuando todavía no asimilaba su pérdida, en la misma clínica se le presentaron unos abogados. En ese momento doloroso, le empezaron a exigir que firmara unos papeles, para cubrir los gastos funerarios a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat. “En ese momento, como no sabía de esas cosas, pensé que era el protocolo en estos casos. Sin embargo, no firmé nada”, recuerda.
Ella, confundida, no firmó los documentos, pero su papá y sus hermanos sí. En el funeral, volvieron a aparecer los dichosos abogados. Aún más insistentes, le pedían a Patricia que firmara. No contentos con interrumpir el velorio, le decían para presionarla que sin su firma a su mamá, cuyo cuerpo ya reposaba en una sala de velación, no la podrían sepultar. Eso solo despertó en Patricia más desconfianza.
Incluso, tras el sepelio, los abogados insistieron una y otra vez. Llegaron hasta el punto de llevar a Patricia a una notaría para que firmara los documentos, un poder judicial para que ellos cobraran el Soat. Pero ella al final no firmó. Cuando les dijo definitivamente que no, la cosa se tornó de castaño a oscuro, el tono de los abogados pasó de ser conciliador a amenazante.
“Me insultaron, me llamó un jefe de ellos desde Barranquilla, a decirme que tenía que firmar el poder o pagarles $5 millones, no sé por qué. Me amenazaron, que no sabía en el problema en que me estaba metiendo y que me consiguiera un abogado”, recuerda. Al dolor de perder a su mamá, a Patricia se le sumó la angustia de recibir amenazas de unos desconocidos por un tema que no conocía bien. Así que ella, temerosa, buscó a un abogado de su confianza.
Se encontró con que efectivamente no estaba obligada a firmar nada, como le querían hacer creer; que los abogados que se le aparecieron como aves de rapiña en el hospital, como dicen por ahí, iban por su “tajada” (dinero). Y que, ella, si bien podía aceptar sus servicios, también podía cobrar el dinero del Soat por la muerte de su madre sin intermediarios. Finalmente, así lo hizo y su familia recibió ocho millones de pesos, y no los cuatro millones que les ofrecían los abogados que querían, forzosamente, servirles de intermediarios.
Por supuesto, la historia de Patricia es real y sucede más de lo pensado en una ciudad como Cartagena, donde, según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el año pasado ocurrieron 5.226 accidentes de tránsito, que dejaron 58 muertos y 2.323 lesionados. El abogado Javier Reales España, asesor externo de CIA Aseguradora, especialista en seguros y docente universitario, con 20 años de experiencia, explica qué hacer en detalle.
En principio hay que tener claro que el Soat “sirve para solventar gastos por un accidente de tránsito, que involucra lesiones o muerte”, explica el abogado. Este seguro “contempla unos amparos, uno por muerte, otro por lesiones o incapacidad permanente, y existen otros por gastos funerarios, por hospitalización, por farmacología. Cada uno de estos amparos tiene un tope máximo en dinero. Aunque también puede resultar que el Soat es falso, o está vencido, o en su defecto el vehículo es ‘fantasma’, entonces “opera el Fosyga”, dice. Es otro tipo de fondo que podría usarse en estos casos.
¿Qué pasa cuando hay un accidente con muerto o lesionado? La primera recomendación es no firmar nada. La segunda es “asesorarse, no importa que sea por lesión o que sea por muerte, se debe buscar una asesoría. Si no tiene capacidad económica para pagar un abogado, puede acudir a los consultorios jurídicos de las universidades”, afirma Reales. Sin embargo, señala que para acceder al pago del Soat no es necesario que medie un abogado. La persona afectada, o sus dolientes, puede trasladarse a la compañía de seguros y solicitar un formato de reclamación por incapacidad o por muerte, al que además deberá anexar la documentación requerida por dicha entidad, como certificados médicos de incapacidad o actas de defunción y soportes de parentesco familiar, entre otros. Las funerarias se encargan ellas mismas de cobrar por gastos funerarios y los hospitales de cobrar gastos hospitalarios.
Sin embargo, como en el caso de Patricia, hay abogados que aparecen “de la nada”, cuando hay un accidente de tránsito que involucra muerte o lesiones. “Al mismo lugar del accidente llega una persona a ofrecer servicios o el mismo centro hospitalario lo pone inmediatamente en contacto con un abogado, el cual, según, le va a tramitar los gastos funerarios, todo el mundo se asusta con estos gastos. Naturalmente las funerarias inflan los precios, van sumando cifras extraordinarias, si el ataúd cuesta tanto, le aumentan el precio, para copar el costo que se establece en el Soat”, dice. Añade que muchas veces dichos abogados “trabajan en conjunto, los llaman de las clínicas o de las funerarias”.
Reales detalla que estos abogados, como en el caso de Patricia, piden que se firme un poder, “para cobrar los gastos funerarios, ahí es donde meten el poder para gastos funerarios y (también) el poder por muerte”. Es decir, el problema radica en que en ese momento de dolor, muchas veces las personas no saben qué están firmando. Y en “letra menuda” en realidad, dicho poder es más amplio y faculta a dichos abogados para cobrar el dinero de amparo por muerte que entrega el Soat, sobre el que cobran sus honorarios. Como no conoce del tema en detalle y “como la persona anda corriendo, viene y les firma el poder”, esos abogados “aprovechan esa coyuntura”, sostiene Reales. Agrega que se ha encontrado con casos donde dichos abogados no entregan el dinero completo a las víctimas y se quedan con todo el pago del Soat. “Eso viene desde hace mucho tiempo, hay pool de abogados actuando en estas cosas, estamos hablando de un buen interés”, comenta Reales.
¿Por qué es tan atractivo el Soat para algunos abogados? “Porque, presentado el reclamo, la empresa aseguradora debe pagar el dinero en un mes, independientemente de quién tiene la culpa del accidente”, sostiene Reales. Aunque los abogados están en su derecho de ofrecer sus servicios de representar a quien a bien así lo requiera, casos como el de Patricia demuestran que hay juristas que se aprovechan de una situación de desconocimiento y de vulnerabilidad para sacar provecho.