La parahotelería en Cartagena, aunque es practicada por muchos, parece ser desconocida en términos legales por gran parte de la población.
Consiste en el ofrecimiento de habitaciones, apartamentos o cualquier otro tipo de inmuebles a turistas y propios a precios económicos y sin cumplir con los requisitos de ley. No tienen Registro Nacional de Turismo, ni Cámara de Comercio, ni pagan algún tipo de impuesto por el negocio de arrendamiento turístico, por lo que constituye una competencia desleal con la hotelería.
Según datos entregados por la secretaría de Hacienda distrital, desde el 2018 hasta la fecha se han realizado 15 suspensiones de la actividad económica a 3 viviendas turísticas, una agencia y 11 hoteles u hospedajes. Inclusive, dos extranjeros, un mexicano y un hondureño, han sido dejados a disposición de Migración por ser partícipes de estas actividades.
Los principales focos detectados por las autoridades están en Bocagrande, Centro Histórico, Getsemaní, Marbella, Crespo, Bosque y la zona insular de Playa Blanca, por excelencia la zona turística de la ciudad.
Pese a que esta actividad no ha sido muy “perseguida” por las autoridades, en los últimos meses desde la secretaría del Interior se vienen realizando controles permanentes debido a los últimos casos de explotación sexual, en donde los hostales, casas y apartamentos servían como espacios para cometer estos delitos.
“Nosotros reconocemos el derecho a la propiedad privada, pero creemos que eso tiene que cumplir mínimo con los requisitos que ordena la actividad de la hotelería, como el Registro Nacional de Turismo, y, además, que por lo menos haya la información de las personas que utilizan esos bienes, porque muchas veces se están arrendando esos bienes y no se les exige la documentación a las personas que los habitan, por lo que están generando problemas de inseguridad”, afirmó el alcalde (e) Pedrito Pereira.
Aunque inicialmente se contemplaba que los únicos que incurrían en parahotelería eran las personas que hospedaban turistas en sus casas, esta definición ha sido extendida a cualquier bien inmueble que no llene los requisitos.
“No tenemos cifras exactas de cuántos inmuebles hay en la ciudad que se dedican a esto, pero ya estamos trabajando en ese inventario. Estamos pidiendo la colaboración a las empresas de vigilancia y lo vamos a hacer también con todas las personas que tienen administración de propiedad horizontal ”, puntualizó el alcalde (e).
Aunque las autoridades han comenzado a redoblar sus esfuerzos para combatir la parahotelería, hay un espacio en el cual aún no han podido incursionar: las plataformas digitales.
Aplicaciones tales como Airbnb, brindan toda una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos en donde los ‘anfitriones’ pueden publicar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes. Además, se valoran mutuamente, como referencia para futuros usuarios.
Aunque la regulación de esta plataforma aún no es muy clara en el país y el Gobierno no tiene decisión sobre quiénes pueden hacer parte de ella o no, en lo que sí se ha avanzado es en la legalización de la prestación del servicio turístico.
A finales del año pasado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2119 de 2018 a través del cual se formaliza una nueva categoría en el servicio de alojamiento: las viviendas.
“Las personas que ofrecen el servicio de alojamiento turístico en Colombia deben formalizar su actividad y cumplir con obligaciones mínimas, lo cual permite mejorar la competitividad del sector”, manifestó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
A través de este decreto se estableció que quienes ofrecen servicios de alojamiento de forma esporádica, por ejemplo, en su residencia o mediante Airbnb, se convierten en prestadores de servicios turísticos, por lo que deben tener el Registro Nacional de Turismo antes de iniciar sus operaciones.
Cabe aclarar que a estos operadores se les exime de tramitar el Registro Mercantil, pues no son comerciantes.
Más allá de las viviendas que hospedan a turistas, los prestadores de servicios turísticos que operen en Colombia deberán cumplir las siguientes obligaciones:
Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo; ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia de precios, calidad y cobertura del servicio; suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo; dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente, tanto en el desarrollo de proyectos turísticos como en la prestación de sus servicios; actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo; registrarse ante la DIAN con razón social y actividad económica, entre otros.
