Por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y subsistencia familiar, 21 hombres instauraron una acción de tutela contra la empresa Pemape S.A., el 26 de diciembre de 2018.
En el recurso constitucional, señalan que desempeñan la labor de despachador-regulador de tiempo de los vehículos adscritos o de propiedad de esa empresa, pero, a pesar de ello, sin justa causa no reciben salarios desde hace más de 12 meses y demás prestaciones sociales. Advierten además que son “el principal sustento y cabeza de hogar para sus familias, por lo que, el núcleo familiar, depende económicamente de cada uno de ellos”.
Pese a esos alegatos, el 10 de enero pasado el juez Catorce Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena, Carlos Ferrer Medina, declaró improcedente la acción de tutela. En el fallo, explicó que el 3 de enero, “la empresa accionada desvirtúa las pretensiones, manifestando al despacho que no todos los accionantes que aparecen en la demanda son trabajadores de la empresa (...) Nunca la empresa se ha sustraído de sus obligaciones para con sus trabajadores, todo lo contrario, ha garantizado y protegido al trabajador aún habiendo sido suprimido del cargo”.
En esa respuesta, Pemape agrega en su defensa “que sus trabajadores han reclamado sus primas y nunca han reclamado su liquidación (...) no ha vulnerado derecho alguno y tampoco adeuda los salarios exigidos por los accionantes”.
Ferrer recalcó en el fallo que los accionantes no demostraron un perjuicio irremediable que requiera la intervención de un juez constitucional. “No se acompaña prueba alguna que acredite que el no pago de la acreencia laboral solicitada por el accionante le genera un perjuicio grave e inminente, respecto de las necesidades básicas que integran el derecho fundamental al mínimo vital y que repercuten en la garantía del trato digno, como ocurre, entre otras, con los componentes de alimentación, salud, educación y servicios públicos domiciliarios”.
Concluyó que “en consecuencia, no se observa que estén dadas las condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en las causas de la referencia, las cuales deben ser resueltas por las instancias pertinentes”.
Ante el fallo del mencionado juez, los reguladores presentaron el recurso de apelación. Ahora, están a la expectativa del fallo en segunda instancia. En entrevista con El Universal, lanzaron un SOS a autoridades locales y nacionales.
“Los reguladores de la empresa de transporte Pemape SA, de Pedro Manuel Pereira Ramos, estamos lanzando un SOS a todos los entes gubernamentales y a quien corresponda: Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Procuraduría General de la Nación, Ministerio del Trabajo, Presidencia de la República. Con nosotros, los reguladores de esta humilde empresa que forjó Pedro Manuel Pereira Ramos y está siendo gerenciada por Pedro Manuel Pereira Pereira, están cometiendo una serie de atropellos laborales. Algunos de los accionantes vamos a cumplir, en abril del presente año, tres años sin recibir el mínimo vital, tres años sin cesantías y dos años sin cotizar pensión, primas ni vacaciones”.
Recalcaron que “no denunciamos antes por temor a que nos botaran de la empresa. Somos gente de bien, humilde, trabajadora, nunca hemos tenido problemas policivos, judiciales ni laterales con nuestros vecinos. Somos familias que pagamos arriendo, servicios públicos, tenemos hijos estudiando en colegios, universidades; pedimos a las autoridades que no permitan que siga creciendo el resentimiento social”.
Debido a que presuntamente no reciben salarios, manifestaron que “estamos sobreviviendo por la misericordia de Dios, el apoyo de nuestras familias, de los conductores y de las actividades que hacemos entre compañeros, como venta de pasteles y rifas. Es tanto el atropello del que hemos sido víctimas, que hoy un grupo de compañeros está fuera de servicio, porque instauramos la tutela. Aunque el fallo no salió a nuestro favor están arremetiendo contra nosotros”.
Los denunciantes, que prefirieron reservar sus identidades, precisaron que “nos asignan turnos que no existen, en rutas que ya Transcaribe chatarrizó, como la 32, que es El Pozón; 24, Villagrande; 7, Blas de Lezo; y 6, Socorro-Jardines. De castigo nos mandan para allá y esa es una burla grandísima para nosotros, que hemos sido leales a la empresa y madrugamos de 5 de la madrugada a 8 de la noche. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y no permitan que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores”.
Este medio llamó en repetidas ocasiones a los teléfonos fijos de la empresa Pemape, para obtener su versión al respecto, y al cierre de esta edición nunca contestó.