De los internos sindicados, es decir, aquellos acusados de infringir leyes que no han sido condenados, son responsables los entes territoriales, señala la Ley 65 del 93. Por ello, para responder por la atención de un personal que no le corresponde, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) viene suscribiendo convenios interadministrativos con la Alcaldía de Cartagena.
El primero se firmó el 19 de diciembre de 2016, por 150 millones de pesos; y el segundo el 21 de julio de 2017, por 500 millones de pesos. Pero en el transcurso de este año ningún convenio se suscribió y el Inpec aspira a que los recursos no entregados le sean reservados y desembolsados en 2019, sumando los recursos correspondientes a ese nuevo año.
“Estamos en diálogos con la Alcaldía porque este año no se suscribió el convenio interadministrativo. De ahí sale un pequeño porcentaje para la manutención de los sindicados que le pertenecen, que son alrededor de 1.100. Cada sindicado cuesta anualmente entre 17 y 18 millones de pesos, por lo que la Alcaldía tendría que girarle a la Nación, al Inpec, cerca de 20 mil millones de pesos, pero para 2019 ya hay un presupuesto de 600 millones de pesos, que no alcanzan sino para 15 o 20 sindicados. Este año ni siquiera se suscribió convenio por la entrada de la ley de garantías y porque en el poco tiempo que quedó la Alcaldía nos dilató”, explicó Edward Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP).
Señaló que junto con el director de la Cárcel de Ternera, Uriel Jaramillo, prevé reunirse con el alcalde (e), Pedrito Pereira Caballero, y otras dependencias distritales el próximo miércoles 26 de diciembre. La pretensión es que el convenio no suscrito en 2018 dé frutos en 2019, al menos por el mismo monto aprobado para el año entrante.
“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con la Alcaldía para que el presupuesto del 2018 no se pierda, no se utilice para otra destinación, sino que nos lo dejen en una reserva presupuestal para ejecutarlo en el 2019. Eso es posible siempre y cuando la Alcaldía tenga la voluntad”, dijo Montaño.
¿Y si no existe voluntad del Distrito para atender a la población carcelaria que por ley le corresponde? El presidente del SEUP dijo qué pasará.
“Si en dado caso no hay voluntad de parte de la Alcaldía pretendemos hacer un plan reglamento. ¿En qué consiste? Pues ya tenemos un tope hacinamiento porque la cárcel tiene cupo para 1.200 internos más un 20 % de hacinamiento. Es decir, serían 1.400 los internos permitidos y tenemos aproximadamente 2.400, que suman un 64 % de hacinamiento, por ende estaríamos en una flagrante violación de Derechos Humanos si seguimos recibiendo más detenidos. Entonces entraríamos a hacer la famosa línea de declive, es decir, si dos detenidos salen en libertad recibimos dos y si salen diez recibimos diez, para mantener un equilibrio hasta que nos regulemos en la violación de este tope”.
A este plan la sentencia 762 de 2015 de la Corte Constitucional lo denomina regla de equilibrio decreciente y lo define como “aquella, en virtud de la cual, se permite el ingreso de personas al establecimiento penitenciario y/o carcelario siempre y cuando no se aumente el nivel de ocupación y se haya estado cumplimento el deber de disminuir constantemente el nivel de hacinamiento. Es decir, solo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y solo si el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea, y el número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas”.
Agrega que “una vez los establecimientos de reclusión lleguen a un nivel de ocupación que no indique hacinamiento, la regla de equilibrio se mantendrá para impedir que se vuelva a presentar sobre población, sin que la misma tenga que continuar disminuyendo el número de reclusos, pero sí manteniéndolo estable”.
Montaño recalcó que la voluntad de la Alcaldía no solo se requiere para suscribir los mencionados convenios. “Hay muchas cosas más en las que necesitamos su ayuda. El convenio es una de tantas. Desde política criminal, bien sea con la construcción de un centro de reclusión nuevo en Bolívar, más vehículos fuera del convenio, porque el vehículo pasado nos lo dieron mediante un convenio; mejorar la infraestructura, baños, baterías sanitarias antivandálicas e iluminación, porque la cárcel está a oscuras, de noche tiene más iluminación la vía Perimetral”.
Asimismo requieren “ambulancias, personal profesional como psicólogos, psiquiatras, médicos, profesores. Necesitamos ampliar y arreglar el área de talleres, donde los internos hacen sus manualidades y artesanías, porque el viernes me dijo un interno que una teja inmensa y gruesa está que se cae, la sostienen con un palo. Necesitamos televisores, computadores, impresoras, papelerías, un mundo de cosas, y el poco recurso que el Inpec envía se lo están consumiendo los internos de la Alcaldía”.
El dragoneante advirtió que “si hacemos un balance, los internos condenados que sacamos a juzgados, fiscalías o médicos son tres o cinco cada día, máximo ocho; sindicados son entre 15 y 20, y las instalaciones del penal tienen un deterioro precoz por los internos sindicados. Hasta hoy tenemos buenos reportes de seguridad en la Cárcel de Ternera. No hay brote de violencia significativo, no reportamos fugas desde hace años; hemos tenido internos rehabilitados que han sido ejemplo. Hemos tenido buenos resultados como para que la Alcaldía en lugar de ignorarnos nos voltee a mirar e invierta un presupuesto considerable”.
En diálogo con El Universal, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó que el Distrito sí tiene la intención de continuar aportando recursos al Inpec.
Confirmó que para el año entrante el presupuesto aprobado es de $600 millones y que en los próximos días se definiría el monto a desembolsar por el convenio no firmado del presente año.
Es de anotar que la Ley 65 del 93, por la cual se expide el Código Penitenciario, reza en su artículo 17 que “corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al distrito capital de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”.
A eso, Montaño, del SEUP, le añadió que cuando los entes territoriales no tienen cárcel propia para recibir a los internos que les corresponden es que se da paso a la firma de convenios interadministrativos con el director general del Inpec.
“La norma dice que los entes territoriales deben cumplir con el pago de unos servicios, como alimentación, movilización de las personas privadas de la libertad, y pago de honorarios de los funcionarios, que es una prima extracarcelaria que llega a ser hasta del 30 % del valor del convenio.
“El restante se invierte en las necesidades del penal, según lo acordado con el director de la cárcel, que es el supervisor del convenio por parte del Inpec”, aseguró el dragoneante.
