Karen sale de su casa en la zona suroriental de Cartagena con su bebé en brazos, una maleta con juguetes, una bolsa de dulces, un canguro para guardar el dinero y en su otra mano agarra a su hijo. Respira profundo, ve el cielo un poco nublado y espera que no llueva para que no le afecte su venta. Es que, quizá, en medio de la lluvia tiene que refugiar a sus pequeños para que no se enfermen.
En un muro cercano al semáforo de la avenida Pedro de Heredia sienta a su pequeño, con un canguro improvisado carga al bebé mientras le ofrece a los conductores de carros y transeúntes los ‘mejores’ dulces. En el día, de lo que gana, compra los alimentos, principalmente, para sus hijos.
“No tengo con quien dejarlo, me toca sacarlo a las calles”, responde un padre ante la pregunta de por qué su hijo lleva una bolsa de chupetas.
No son los únicos, enfrente hay otro padre de familia con sus hijos, pero actúa diferente, manda a una de sus hijas a vender unas mentas. Algunos le dan dinero.
En semáforos, andenes, carreteras, parques, plazas y a las afueras de los centros comerciales se ven cada vez más niños, niñas y adolescentes trabajando o acompañando a sus padres, muchos de ellos, venezolanos. Los puntos críticos: Centro Histórico, avenida Pedro de Heredia, Pie de La Popa, avenida El Consulado y Terminal de Transporte, entre otras.
Sí, es cierto que el Distrito y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) trabajan intensamente contra el trabajo infantil y para proteger los derechos de esta población, pero se necesitan más estrategias firmes que erradiquen esta problemática en la ciudad.
“Esta es una situación delicada, cuando salimos en las caravanas de seguridad vemos muchos casos en las faldas de La Popa, Centro, Terminal de Transporte, Pasacaballos y Olaya Herrera. En los operativos siempre está Migración Colombia, los protegemos del trabajo infantil, ellos hacen un acta de compromiso, pero después regresan a lo mismo porque no tenemos un centro de paso o lugar para los menores”, indicó el alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero.
También destacó que uno de sus principales objetivos es la erradicación de la pobreza y justo este es uno de los puntos en los que trabajará, por eso pedirá acompañamiento del ICBF en los operativos y también recalcó que necesitan ayuda del Gobierno para trabajar de la manera correcta. Asimismo, que hablará con el registrador Nacional para conocer la cifra real de los venezolanos de padres colombianos que han ingresado a la ciudad y así crear una estrategia.
Acciones de prevención
Desde la Secretaría de Participación y Desarrollo Social se trabaja en una propuesta para beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, que esté enfocada en la promoción de factores de autoprotección de todos esos riesgos sociales que minimizan las posibilidades para un sano y óptimo desarrollo de sus derechos.
“La secretaría, en coordinación con el equipo móvil del ICBF (EMPI) y el Comité Interinstitucional Consultivo para la Erradicación del Trabajo Infantil (Cieti), realiza operativos de seguimiento y control en diferentes sectores de la ciudad durante todo el año. Especialmente, en el Centro Histórico y el sector Bazurto, las actividades se realizaron para sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos, vendedores estacionarios o ambulantes que ofrecen sus servicios con esta población sobre la importancia de protegerlos”, señaló la secretaria de Participación, Claudia Anaya Marín.
Según datos de esta dependencia, en uno de los operativos más grandes realizado con la gerencia del Centro Histórico el 6 de agosto, se encontraron en los sitios de trabajo 22 casos de adultos que ejercían sus labores de venta de productos con menores de edad.
A todos se les inició un plan de seguimiento con la familia, para evitar que los menores de edad continuaran expuestos al riesgo del trabajo infantil.
Además destacaron el plan de acción que desarrollan en todos los sectores de la ciudad, para la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia. De acuerdo a lo visto se activa una ruta de gestión para la restitución de derechos.
Lo que se hace
El ICBF destacó que cada caso es distinto, pero siempre que se vea a un adulto con un menor de edad en la calle se inicia un proceso administrativo de derecho, donde se verifica con el familiar si estaba trabajando o si estaba solo acompañándolo. Luego se le hace un estudio a la familia y se toma la decisión, de si va a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) o se restablecen los derechos del menor de edad.
Con mayor atención
El ICBF reconoce que la crisis migratoria que sufre el país se agudizó por las condiciones sociales, económicas y políticas de Venezuela. Precisamente, la directora general de la institución, Juliana Pungiluppi, recorrió el centro de Riohacha, donde tienen uno de los mayores registros de atención, y evidenció que muchos venezolanos duermen permanentemente en los andenes, exponiendo a los menores de edad.
Desde el ICBF requirió la articulación de programas, proyectos, estrategias y acciones intersectoriales para mitigar los impactos negativos de la problemática.
“Realizamos grandes esfuerzos desde el instituto para que todo niño, niña o adolescente inmigrante que se encuentre en nuestro territorio tenga todos sus derechos garantizados”, resaltó.
Según sus datos, en Atlántico, Bogotá, La Guajira y Norte de Santander se presenta el 52,7 % de los registros de atención a menores de edad migrantes de Venezuela.
