La Alcaldía de Cartagena tendrá 18 meses para reconstruir los andenes que bordean la Base Naval, en Bocagrande. Así lo ordena el Consejo de Estado, que a través de su fallo amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la realización de desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles, vulnerados por el Distrito “por la omisión en el cumplimiento de la normativa relacionada con la accesibilidad y la libre locomoción de las personas que transitan la zona peatonal que bordea la Base Naval ARC Bolívar.
El fallo ordena al Distrito realizar, a través de sus secretarías de Planeación e Infraestructura, previo a la reconstrucción y adecuación de los andenes y dentro de los tres meses siguientes a la notificación, un estudio técnico para identificar si con estas obras se reduciría o no la avenida San Martín en un margen no permitido por la ley, en caso de que sea así, “se establecerán las adecuaciones necesarias en la vía, de manera que se garantice tanto el ancho de los andenes en una dimensión mínima de 1,20 metros exigido por los decretos 1538 de 17 de mayo de 2005 y 798 de 11 de marzo de 2010 proferidos por el Gobierno Nacional, y la correcta afluencia de tráfico en dicha vía, para lo cual, podrá afectarse en el límite señalado (hasta cincuenta centímetros), el separador existente”, indica el documento.
Además, los andenes deberán cumplir las normas técnicas colombianas NTC 4143 que es de accesibilidad de las personas al medio físico, con rampas fijas, y NTC 5610, de accesibilidad de las personas al medio físico, señalización táctil. Deberá también reubicar las señales de tránsito y los postes que están en el andén, a los sectores más anchos para garantizar que esos elementos no ocupen u obstruyan la franja de circulación peatonal de 1,20 metros.
“Se advierte al distrito que el andén deberá tener: una franja de circulación peatonal libre y continua cuyo ancho sea igual o superior a 1,20 m; una superficie antideslizante; rampas en los lugares en que ello sea necesario para garantizar la accesibilidad de las personas discapacitadas y señalización táctil que permita orientar el desplazamiento de los peatones invidentes o de baja visión”, dice el fallo.
Lo revocadoEl Consejo de Estado revocó las órdenes del Tribunal Administrativo de Bolívar que involucraban a la Armada Nacional.
“De manera contraria a lo señalado en la sentencia de primera instancia y de acuerdo con lo analizado en la presente providencia, se encuentra acreditado que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional no ha invadido el espacio público de la avenida San Martín, pues tal y como se desprende del contenido del Contrato No. 29 de 24 de septiembre de 1979, el muro y la valla perimetral que bordea la Base Naval ARC Bolívar fueron construidos por el Distrito de Cartagena en terrenos de propiedad de la Base Naval y en consecuencia, no se encuentra acreditada en el proceso la ocupación indebida del espacio público por dichas construcciones, y tampoco que las mismas hubieran incidido en la estrecha dimensión de los andenes”, indica el Consejo de Estado.
18 mesesEl Distrito tendrá 18 meses para cumplir con este fallo, distribuidos así: en un término de máximo de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para realizar y/o procurar desarrollar la etapa de planificación contractual, comprendida entre otras por las autorizaciones, apropiaciones presupuestales, los estudios, diseños y proyectos definitivos para llevar a cabo la obra de reconstrucción y adecuación del andén que bordea la Base Naval Almirante Padilla y el Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina; una vez efectuados esos estudios, dentro de los tres meses siguientes, elaborar el pliego de condiciones del contrato para la construcción de esa obra pública y, en ese sentido, adelantar en forma eficiente y perentoria las etapas del proceso selección y adjudicación del contrato; una vez se adjudique el respectivo contrato, deberá ejecutarlo dentro de un plazo de 12 meses, salvo que los pliegos determinen un plazo superior o inferior, de lo cual deberá informarse al Tribunal y al comité de seguimiento.
