Con un récord nacional de 10 alcaldes en seis años: dos titulares elegidos por voto popular (Campo Elías Terán, fallecido; Manolo Duque, detenido y Antonio Quinto Guerra Varela) y siete en calidad de encargados; a Cartagena le ha resultado engorroso sacar adelante sus proyectos de ciudad.
Hace apenas 30 días, con la elección de Antonio Quinto Guerra Varela, muchos cartageneros creyeron que la administración distrital se estabilizaría. No obstante, este se posesionó el 11 de mayo y 14 días después, el 25 de mayo, se conoció que fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Cartagena vuelve a quedar sin alcalde titular y cinco importantes proyectos están ‘en jaque’.
Drenajes Pluviales
Listos están los estudios y diseños de ocho canales para ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Los trabajos se harían en los canales Ricaurte, Chía María inicial, Chía María final, Juan José Nieto, Alameda, Villa Rubia A, Villa Rubia B y San Fernando (en inmediaciones de la Cárcel de Ternera).
Pero, al proyecto le hacen falta dos cosas, una más sencilla que otra, ambas fundamentales. “Le hace falta una autorización del Establecimiento Público Ambiental (EPA), de ocupación del cauce interno. Es un trámite administrativo que adelanta Edurbe con el EPA, no demora más de cinco días hábiles y no depende del alcalde”, dijo Bernardo Pardo, gerente de Edurbe.
Sin embargo, advirtió que “hoy tenemos una situación judicial compleja, y es que el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de un fallo judicial, decretó la invalidez del acuerdo 023 de 2016, que autorizó al Distrito transferir recursos del Sistema General de Participaciones a Edurbe para financiar las obras de alcantarillado pluvial. Tanto el Concejo Distrital como Edurbe presentaron unas solicitudes de nulidad que fueron rechazadas. En su fallo el Tribunal argumenta invalidez por vicios de forma en el trámite del acuerdo”.
Pardo recalcó que es deber de la administración distrital solucionar esta problemática. “Se puede subsanar con un nuevo proyecto de acuerdo o con una acción judicial que debe impetrar la Alcaldía Mayor de Cartagena, porque el proyecto de acuerdo fue iniciativa del Gobierno distrital. Si no lo soluciona toca tomar acciones de conformidad con la norma vigente, es decir, lo que preceptúa el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 del 93).
“Lo que procedería es liquidar el convenio hasta donde esté. En este caso están listos los estudios y diseños, entregamos lo que se hizo al Distrito y hay que buscar la financiación. Destrabar recursos es la tarea. En esos primeros ocho canales tenemos un presupuesto de 177 mil millones de pesos, de los que se autorizaban hasta 300 mil millones de pesos con el acuerdo”.
El gerente destacó que “tenemos todo listo para contratar e iniciar obras. Faltan los recursos. Queremos que la institucionalidad no se pare y sigan los proyectos. Este es un proyecto de ciudad que hemos trabajado con mucho entusiasmo, cariño, responsabilidad, atendiendo a todos los criterios objetivos que nos fueron encomendados en virtud de los convenios interadministrativos”.
Al respecto, la secretaria de Infraestructura del Distrito, Clara Calderón, manifestó que “este es un proyecto importantísimo. La ciudad tiene que definir cómo va a ser su financiación porque es una necesidad. Más del 70 % de Cartagena se afecta cuando llueve”.
Alcantarillado en Bayunca
Pese a ser corregimientos de una ciudad reconocida ante el mundo como destino turístico, Bayunca y Pontezuela no tienen sistema de alcantarillado.
El penoso atraso sería resuelto este año con la radicación de un proyecto ante el Ministerio de Vivienda, promesa que viene sonando desde julio de 2017 y ya fue incumplida una vez más, pues en su primer consejo de Seguridad en Bayunca, el alcalde Guerra prometió que haría la radicación el pasado 29 de mayo. La fecha pasó y no cumplió.
“El compromiso del Distrito es radicar el proyecto de alcantarillado en el Ministerio de Vivienda, para que con recursos de la Nación se realice. Se requieren más de 60 mil millones de pesos, Cartagena cofinanciaría un porcentaje y el resto, la Nación. Ahora mismo tenemos los diseños, que realizó Aguas de Cartagena, y próximamente compraremos el predio donde se instalará la estación de bombeo”, aseguró Clara Calderón.
Indicó que “estamos esperando que se apruebe el registro presupuestal para pagar el costo del predio (unos 70 millones de pesos) al propietario. Como todos los predios los tiene que aportar el Distrito, apenas tengamos esas escrituras las radicaremos ante Minvivienda, con las certificaciones de la empresa prestadora del servicio, los diseños y demás documentos requeridos, para que nos aporten recursos a este proyecto”.
Calderón reconoció que “son corregimientos que están cerca a Cartagena, no se justifica que a esta altura no tengan alcantarillado. El Distrito aportaría la cofinanciación, que son como 5 mil millones de pesos. Necesitamos tener un alcalde disponible para que lo gestione a nivel nacional, ante los ministerios”.
Unas 30 milpersonas serían las beneficiadas.
Protección costera en Cartagena y Tierrabomba
Gestión de recursos ante el Gobierno nacional y aprobación de contratos de obras adicionales es lo que estos proyectos requieren de quien esté al frente de la Alcaldía de Cartagena.
La secretaria de Infraestructura explicó que “la protección costera de 7,7 kilómetros, que va desde El Laguito hasta el Túnel Crespo, cuesta 160 mil millones de pesos. Cartagena hizo un empréstito, donde 60 mil millones de pesos son para la protección costera y los 100 mil faltantes los va a poner la Nación, durante tres años, a través de un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y un Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) que tienen que analizarse en Bogotá”.
Precisó que “hay que hacer un juicioso seguimiento al Ministerio de Hacienda, al Conpes y al Confis. De eso debe estar pendiente el alcalde y la persona que determine, para que dentro de los presupuestos de la Nación de los próximos tres años, que ya son vigencia de otro presidente, nos entreguen: 30 mil, 40 mil y 30 mil millones de pesos”.
La licitación del proyecto, cuyos diseños ya tienen visto bueno del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) y licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la hará la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR). “La idea es que se vaya construyendo de acuerdo a lo que se determine en los diseños”.
De Tierrabomba dijo que las obras, suspendidas desde junio de 2016, estarían en ejecución el próximo mes. “Ya tenemos impresos los contratos de los recursos adicionales, tanto del constructor como del interventor. Están en revisión jurídica. Fueron más de 5.900 millones de pesos los recursos de regalías para ejecutar las obras adicionales solicitadas por la Anla. Apenas se firmen los contratos y se saquen las pólizas se pueden reanudar las obras. En junio debemos estar iniciando”.
Sobre la tarea del alcalde dijo que “tiene que firmar los contratos de las obras adicionales. Está en revisión de jurídica para la firma de él”.
Sobre Mercabastos
De la ejecución de la central de abastos, la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, dijo que “vamos a seguir. El alcalde debe determinar quién estará en la junta. Cuando llega un nuevo alcalde cambia la junta, los representantes”.
