Las presuntas irregularidades que dieron paso a la construcción del Aquarela siguen en el ojo público. Este lunes se conoció una petición hecha por la Asociación Colombiana de Ingenieros, capitulo Bolívar, en la que solicitan a la Procuraduría incluir a la exsecretaría de Planeación, Dolly González Espinosa y al asesor jurídico, Ronaldo Figueroa Puello, en las investigaciones que se adelantan sobre la polémica torre que afecta la visual del Castillo San Felipe.
La Asociación de Ingenieros expresa que González Espinosa y Figueroa Puello participaron, durante el gobierno del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, en la expedición de la Circular 10 de diciembre de 2013, que modifica algunas medidas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en relación con los espacios de cesión para zonas verdes. Hecho que facilitó a los inversionistas del Aquarela la solicitud de la licencia de construcción.
En el documento, la ACIEM manifiesta que “recientemente el Concejo Distrital tenía proyectado un debate sobre dicha circular en el que una de las cosas a ventilar era una posible coima de 500 millones de pesos que supuestamente fue repartido paralelamente a la expedición de la citada circular”.
Sobre la Circular
La circular, fechada a 10 de diciembre del 2013, responde a un oficio presentado por el Curador Urbano número 1, en el cual “solicita aclaración e interpretación sobre los proyectos de vivienda de interés social, específicamente sobre la densidad habitacional, las áreas de cesión y los retiros en los proyectos de urbanizaciones en viviendas de interés social, y se expliquen los alcances del artículo 392 del decreto 0977 de 2001, sobre el cálculo de áreas de cesión para zonas verdes e infraestructura”.
Dicha circular, que consta de 12 páginas y que fue firmada por Dolly González Espinosa, en calidad de Secretaría de Planeación, se expone que para proyectos de urbanización para residencias multifamiliares “toda urbanización deberá ceder al Distrito, a título gratuito, el 40% del área bruta total del terreno”, cuando antes el porcentaje exigido era del 130 de la extensión total del predio.
Y aunque la exsecretaria fue señalada en su momento de haber incurrido en el presunto delito de peculado por acción, el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo manifestó que su funcionaria “actuó bajo la ley”.
Otros funcionarios
La ACIEM solicita al ente de control investigar la participación de funcionarios del Ministerio de Cultura. “Es importante que también se investiguen las actuaciones que asistieron a funcionarios del Ministerio de Cultura para que hayan guardado silencio en el año 2016 ante la consulta que les elevó el IPCC el 20 de abril cuando el proyecto (Aquarela) tenía licencia, pero aún no se había dado inicio a la construcción”, se expresa en la misiva.
El pasado 9 de abril, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el curador urbano número 1, Ronal Llamas Bustos, el gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital (Corvivienda), Alberto Vélez Carrasquilla, y el jefe de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural (IPCC), Alfonso Rafael Cabrera Cruz, por las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto así como “establecer si los conceptos y actos administrativos expedidos por estos funcionarios se ajustaron al Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.
Ver carta adjunta de la ACIEM aquí
