“Que Dios le dé discernimiento al juez para que tome la mejor decisión”, fue lo que expresó María de las Nieves Quiroz al presentarse durante la audiencia de medida de aseguramiento, desconociendo que ese deseo jugaría en su contra más tarde, pues el togado le impuso detención intramural.
Durante la diligencia que se retomó ayer, el juez Octavo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías desestimó los argumentos de la defensa para solicitar que no se asegurara a la única mujer Quiroz vinculada al proceso ‘Castillos de Arena’ o, en su defecto, que se impusiera detención domiciliaria.
“En las más de mil audiencias que me fueron asignadas el año pasado nunca vi a un acusado tener tres abogados, que no creo que estén trabajando por amor al arte”, dijo el juez al considerar no válida la tesis de que la mujer no representa ningún peligro para la sociedad al no tener solvencia económica para seguir con negocios presuntamente irregulares.
Agregó que no hay suficiente material probatorio que demuestre que dos personas (su madre, de la tercera edad y una hija con enfermedad mental) dependen exclusivamente de ella y que se entiende que hay más miembros de la familia que pueden velar por ellas.
El togado señaló que la hija de la procesada es mayor de edad y que en la historia clínica aportada por la defensa, se establece en el último diagnóstico de octubre del año pasado, una evolución de la enfermedad y la disminución de los riesgos de hacerse daño ella misma o a otras personas.
Indicó que esta cuenta con un hermano médico, quien asistió a su madre María Quiroz en la audiencia del pasado lunes y que este bien podría cuidar de su hermana, a pesar de estar casado y tener una familia. Conducta grave con gran impacto social
El juez Octavo Penal Municipal recalcó que los delitos imputados (urbanización ilegal en concurso, fraude procesal, obtención y uso de documento público falso y estafa en masa) ameritan la detención de Quiroz pues revelan una conducta grave que “causan efectos en la estructura de la sociedad porque crea una alarma para aquellos que tienen la ilusión de comprar una vivienda.
“No solo atenta contra el patrimonio económico de las víctimas sino contra la dignidad de estas personas a quienes desalojaron porque sus casas están en peligro, (...) estos comportamientos son pluriofensivos y hay que recordar que en casi todas estas familias hay niños y adolescentes por lo que también se atenta contra los derechos de ellos”.
El funcionario de la rama judicial indicó que el proceso es incipiente y no se sabe qué curso va a tomar o si la acusada será culpable, pero el material probatorio en su contra demuestra, por el momento, que podría ser autora de las conductas que se le imputan.Vendería bolis o comidas
Al conocer la medida de aseguramiento impuesta, el abogado defensor Fernando Rodríguez, recurrió al recurso de reposición y apelación. Insistió en que tanto la madre como la hija de la acusada dependen exclusivamente de esta.
“Señor juez, la defensa le ruega que reconsidere la decisión, la acusada ha demostrado intención de colaborar con la justicia y se le puede poner la tecnología del brazalete durante la detención domiciliaria para que en efecto se compruebe que no se fugará (...) estando en la casa a ella puede vender bolis o comida para velar por su madre y su hija”, dijo.
Pese a esto, el juez ratificó su decisión y negó la petición de hacer un examen a la hija de la acusada en Medicina Legal para corroborar su condición médica, alegando que esta orden no es de su resorte. Otro juez resolverá la apelación. Sin interés de reparar a las víctimas
Lileth Chavez, apoderada de las víctimas de dos de los edificios construidos por María de las Nieves Quiroz, indicó que se siente satisfecha con la decisión y que está en curso un proceso civil para que la procesada responda a los afectados.
“Se han citado a conciliaciones a las que ellos nunca se han presentaron y cuando iban sus apoderados manifestaban que no tenían ánimo conciliatorio y que no tenían plata para reparar a las víctimas”, puntualizó la abogada, quien señaló que recurrirán a la justicia para garantizar a las víctimas la devolución de las inversiones que hicieron.
