El acceso a un tratamiento médico integral, adecuado y continuado, que tanto anhelan 25 niños y niñas que padecen enfermedades onco-hematológicas y sus familias, está garantizado. Lea aquí (Crece esperanza para niños con cáncer)
En un hecho sin precedentes en la Costa Caribe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los niños y niñas, tomando en consideración las particularidades de las enfermedades que padecen.
La decisión fue notificada ayer a los beneficiarios, luego de que desde el 16 de septiembre de 2016, solicitaran medidas cautelares a través de las organizaciones Fundación Esperanza de Vida (Fundevida), Fundación Ayúdame a Vivir (Funvivir) y United for Justice (Unidos por la Justicia).
Según la información aportada por los solicitantes a la Comisión, los 25 niños y niñas (11 con cáncer y 14 con algún tipo de enfermedad hematológica grave), tienen entre uno y diecisiete años.
Residen en la ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar y zonas aledañas, con escasos recursos, y están en una situación de grave riesgo debido a la falta de implementación de un tratamiento médico adecuado por parte de las entidades competentes, a pesar de la seriedad de sus patologías y la existencia, en varios casos, de resoluciones judiciales a su favor.
Además, varios de ellos han sufrido recaídas, lo cual ocurre cuando dejan de recibir su tratamiento por más de cuatro semanas por una razón no médica; y los pacientes con enfermedades hematológicas, como los que padecen células falciformes, quedan sin medicación por periodos.
¿Qué dijo el Estado?Consultado por la CIDH, el Estado informó el 22 de diciembre de 2016, que la Superintendencia Nacional de Salud conformó un grupo de Soluciones Inmediatas en Salud (SIS), que “ha realizado todas las gestiones pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud requeridos (...)”.
Para la Comisión, esa información “no permite afirmar que de manera concreta los niños estén recibiendo el tratamiento integral que requieren sus padecimientos y enfermedades, y si la misma sería adecuada con base en las recomendaciones efectuadas por los médicos tratantes o expertos correspondientes.
De la misma forma, no se han aportado datos que permitan esclarecer ni evaluar si su situación de salud habría mejorado en estos últimos meses, o cualquier otra indicación que señale la ausencia de un riesgo inminente en relación con sus derechos a la vida e integridad personal”.
Ángela Margarita Rey Anaya, directora de Unidos por la Justicia, que desde su sede en Washington (Estados Unidos) defendió los derechos de los niños beneficiarios con las medidas cautelares, afirmó que “la Comisión acogió nuestros argumentos porque pudimos probar que existe una desprotección judicial de estos niños y que debido a esta existe una situación de extrema gravedad y urgencia”.
“Hablamos de una desprotección judicial -explicó- porque todos estos niños estaban amparados por acciones de tutela y por incidentes de desacato. Un juez de la República de Colombia los protegió, pero debido a la situación estructural que está viviendo la salud, no solamente en Cartagena y en la Costa Caribe, sino en Colombia, las órdenes de los jueces de tutela no se pudieron cumplir, y es ahí donde la CIDH considera que debe intervenir para evitar un daño irreparable en los derechos humanos de estos niños”.
En 20 díasRey Anaya dijo que “es importante señalar que la resolución que fue notificada hoy (ayer). Da un plazo al Estado colombiano de 20 días a partir de la fecha de la notificación de la comunicación para que informe a la CIDH sobre las acciones que esté implementando para desarrollar las medidas cautelares. Entonces el Estado en su conjunto, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a tener que dar una respuesta a la Comisión en ese plazo”.
Recalcó que “la resolución establece, primero, que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas identificados, tomando en cuenta las particularidades de la enfermedad que padecen, así como su condición de niños y niñas a fin de garantizar que tengan acceso a un tratamiento médico integral, adecuado y continuado”.
“Segundo -indicó la abogada- que esas acciones se deben concertar con los beneficiarios de las medidas y sus representantes, entonces el Estado colombiano no podría de manera unilateral adoptar las medidas que ellos consideren pertinentes sino que deben adoptar esas medidas como resultado de una concertación, de un acuerdo con los beneficiarios, que son los 25 niños y niñas y sus representantes, es decir, Fundevida, Funvivir y nosotros como sus abogados, Unidos por la Justicia”.Así, agregó que “lo que se espera en la próxima semana es generar un proceso de acercamiento y de concertación con el Estado colombiano para que empecemos a caminar finalmente hacia la adopción de medidas de atención integral, continuada y especializada”.
Buscan ayudar a 300 niños en condiciones similaresLa directora de la organización sin ánimo de lucro, Unidos por la Justicia, precisó que las medidas cautelares en mención, solicitadas a la CIDH por iniciativa de la Defensoría del Paciente en alianza con el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, “cobijan a los 25 niños y niñas que hace referencia la resolución”.
Sin embargo, anotó que “nosotros mismos haríamos las solicitudes para proteger a todos los niños y niñas que se encuentran en condiciones similares. Abierto el camino, es muy fácil que puedan acceder a esta protección internacional”.
Por ello, Ángela Margarita Rey Anaya manifestó que “estamos tratando de ubicar a más o menos 300 niños en estas circunstancias en toda la Costa Caribe para poner en funcionamiento nuestras acciones legales, nacionales e internacionales y ampararlos. Queremos hacer una solicitud colectiva, sería bien importante y un precedente a nivel nacional poder trabajar por 300 niños al tiempo”.
Aclaró que al igual que en el caso de los 25 menores de edad protegidos por la CIDH, “haremos todo sin cobrar un peso por asesorar a las víctimas y no cobramos a las familias de los niños que se encuentran en esta situación”.
Los interesados en contactar a la organización, que también tiene sede en Colombia, pueden escribirle al correo electrónico united4justiceusa@gmail.com, llamar a su teléfono en Washington, (1) 202 7042882; o en Bogotá, 318 6149082.
Habla el defensor del pacienteHenry Vergara, defensor del Paciente Distrital, dijo que “agradezco a Dios, al alcalde Manolo Duque por brindar protección a los pacientes maltratados por las barreras de acceso que anteponen las EPS, a través de nuestro programa; al padre Jorge Camacho, de la Iglesia de San Pedro Claver, por contactarnos con la abogada Ángela Margarita Rey, que se echó al hombro la defensa de estos niños y adolescentes de forma altruista, sin esperar nada a cambio; al rector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón; al decano y a los docentes de la Facultad de Derecho, quienes elaboraron de manera técnica y científica el documento enviado a la CIDH; a Fundevida, a cargo de Nacira Villadiego; Funvivir, presidida por Jaime Trucco Lemaitre; y a todos los medios de comunicación que de manera constante apoyan la causa del programa Primero el Paciente, que de ahora en adelante tendrá como slogan ‘Trátame como al ministro’”.
