Viviana Carrillo Liñán es solo una de las cientos de víctimas que en el país ha dejado el “paseo de la muerte”. En una silla, a las afueras del CAP de Olaya (ahora policlínica), sus hijas sufrieron la agonía de verla morir sin que nadie se inmutara, sin que nadie la atendiera, sin siquiera recibir los primeros auxilios.
El revuelo y la indignación de la comunidad, que rodeaba el cuerpo de la mujer tendido sobre unos cartones, porque ni una camilla pudo conseguir la familia, fue tal que la Alcaldesa del momento ordenó ese 24 de junio de 2010 la reconstrucción del centro médico y una vez más entró en polémica la efectividad de un nefasto sistema de salud.
Pero la reconstrucción de la policlínica de Olaya Herrera, ni las mejoras en su funcionamiento, le devolverán a Kellys Johana Rivera Carrillo, hija de Viviana, la tranquilidad, menos cuando la demanda que interpuso su familia contra el Distrito no se ha resuelto.
Después de la muerte de mi Viviana, el abogado Carlos Enrique Barrios Herrera tomó el caso de los Carrillo, quienes aseguran haber perdido contacto con el jurista y no saber en qué va el proceso en el que responsabilizan a la Administración, de lo sucedido.
En cuanto al estado de la demanda de los Carrillo, El Universal consultó a Hernando Sierra Porto, director seccional de Administración Judicial de Cartagena, quien informó que en agosto del año pasado y después de que a la familia no se le diera la razón en su petición, la querella pasó al Consejo de Estado, máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano consultivo del Gobierno, que tendrá que estudiar si el Distrito de Cartagena tuvo responsabilidad en la muerte de Viviana.
Mientras eso sucede, Kellys dice que “pensando en esta nueva Ley (Estatutaria de Salud) aprobada por el Presidente, con la que se acabará el paseo de la muerte, no deja de sentir tristeza por lo que pasó con su madre.
“Si ella debía morir ese día debió ser de una manera diferente, atendida por un médico como cualquier persona se lo merece, no como un perro, tirada en la calle”, afirma Kellys que aunque poco conoce de la anunciada Ley Estatutaria, agrega que espera que ojalá no se quede en el papel y de verdad sirva para evitar situaciones como la que ella y sus hermanos tuvieron que vivir.
La LeyCon la nueva norma, que “consagra la salud como un derecho fundamental y pone fin inmediato al llamado carrusel de la muerte”, convirtiendo en obligatoria la prestación de los servicios de urgencias sin ningún tipo de autorización, se pretende, además que los colombianos tengan continuidad en sus tratamientos.
“Con esta Ley las IPS están obligadas a atender a una persona por urgencias y a brindarle continuidad en sus servicios. Por ejemplo si alguien llega a una urgencia y requiere un tratamiento secundario tiene que ser atendido inmediatamente, sin sobreponer razones económicas o administrativas para no hacerlo”, explicó Martha Rodríguez Otálora, directora del Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis).
Lo anterior, según Rodríguez Otálora, beneficiaría a muchos pacientes en Cartagena ya que es común que después de que una persona es estabilizada en urgencia, su EPS ordene su traslado a otro centro médico, lo cual pone en riesgo la continuidad oportuna del tratamiento.
Por otro lado, “A partir de la fecha, el control a los precios de los principios activos de medicamentos se convierte en una política de Estado; los precios de los medicamentos controlados no podrán superar el precio internacional de referencia, de acuerdo con la metodología definida por el Gobierno”. En cuanto a la autonomía médica, el Artículo 17 de la Ley indica que “persiguiendo la seguridad del paciente, bajo esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica (...) los médicos serán quienes tomen las decisiones sobre los tratamientos de sus pacientes, ya que se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud”.
“Que no se repita”Martha Rodríguez sostiene que con herramientas como la nueva la Ley Estatutaria se debe trabajar para que muertes como la de Viviana Carrillo no se repitan y para eso las EPS, IPS y entidades de salud territoriales deben responder al cambio.
“Muchas IPS cerraron sus urgencias porque las EPS no les pagaban esas atenciones. En Cartagena siguen existiendo dificultades en este nivel en clínicas como la Cartagena del Mar y Saludcoop, el Dadis tiene muchos casos puntuales (...) Por otro lado, en Salud Total y Coomeva la atención de urgencia ha mejorado (...) es importante que la gente sepa que existe una línea, la 125, en la que pueden denunciar si no les prestan atención médica de urgencia, esta funciona las 24 horas”, dijo Rodríguez Otálora.
La Directora del Dadis agregó que de igual manera es fundamental que las personas distingan entre una urgencia y una emergencia y cuál es la red de servicios de su EPS con el fin de que a la hora de solicitar atención este sea lo más eficiente posible.
A implementar mecanismosSegún el Ministerio de Salud y Protección Social, con la sanción de la ley, tendrá hasta dos años para implementar el mecanismo técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente, que permita ampliar progresivamente los beneficios.
La Ley Estatutaria de Salud partió de una iniciativa presentada al Gobierno por la Gran Junta Médica en marzo de 2013; el presidente Juan Manuel Santos Calderón la radicó en la Secretaría General del Senado y le dio mensaje de urgencia a su trámite en el Congreso, el cual fue liderado por el Ministro de Salud y Protección Social.
