La mayoría de los reportes hechos por los cartageneros, se refieren a irregularidades cometidas por las autoridades, indicó Orlando Higuera, vocero de la Misión de Observación Electoral (MOE) Cartagena.
De 28 reportes ciudadanos, 18 eran por situaciones que involucraban a las autoridades, cinco por publicidad que afectaban el voto libre y el resto por orden público e inseguridad.
A pesar de estas denuncias, el parte general sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales fue de mucha calma.
“La página www.pilasconelvoto.com seguirá atendiendo las quejas de los ciudadanos con respecto a la jornada electoral”, indicó Higuera.
Respecto a la transparencia de esta jornada, la MOE indicó que haber retirado la biometría en Cartagena y Bolívar, le restó seguridad e incrementó el riesgo de suplantación y de corrupción al sufragante.
Apertura de mesas
Durante la apertura de mesas, estas fueron algunas de las observaciones que hizo la MOE: en e l 30,2% de las mesas observadas, no estaban presentes los seis jurados designados por la Registraduría y el 7,5% de las mesas no mostró la urna sin sellar a los testigos electorales.
Además en el 7,5% de las mesas se abrió la bolsa de los tarjetones antes de cerrar la urna y en el 24,5% de las mesas uno o más jurados portaban algún distintivo propio de una de las campañas en contienda.
Los observadores electorales reportaron que en el 11,3% de las mesas observadas, el cubículo no mostraba garantías para votar de forma secreta.
Sin accesibilidad
El vocero de la MOE sostuvo que una de las situaciones que más preocupa es que en algunos puestos se dificultó el acceso a adultos mayores y a personas en condición de discapacidad.
“Las mesas se encuentran en segundos pisos, no hay rampas de acceso y eso dificulta que las personas con accesibilidad limitada puedan ejercer su derecho al voto”, explicó Higuera.
Informe de Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación recibió cerca de 48 denuncias por posibles delitos electorales en el territorio nacional.
Las principales quejas fueron por funcionarios públicos que aparentemente estuvieron participando en política, falta de capacitación de los jurados de votación en los procedimientos y presencia de publicidad de los candidatos en los medios de comunicación.
De igual forma, se recibieron llamadas de orientación a los electores en los que se requerían información de sus puestos de votación, de cédulas inscritas o similares.
