Una familia que dice ser poseedora de un predio de 17 mil metros cuadrados demandó a la terminal portuaria Contecar por cercar con una malla el terreno para construir. A esto Contecar respondió tener escrituras de propiedad. El pleito legal continúa dilatándose y la familia exige garantías.
La familia Ariza Hernández, en cabeza de la matriarca Lucila Hernández Monroy, una señora de avanzada edad, junto con sus hijos, reclaman los terrenos en la parte de atrás del barrio que habitan, San Isidro parte baja, en el Bosque, frente a la bahía, y afirman que les pertenece por haber vivido más de 30 años en el sitio ahora cercado por la empresa portuaria.
Temen que en el caso contra Contecar, “por ser una empresa grande e importante”, no se les reconozcan sus derechos y continúen dejando pasar el tiempo sin darle solución.
La abogada de la familia sostiene que aún espera la culminación del proceso, demandado en el 2008, y que no es posible que la empresa esté construyendo en los terrenos si no se ha resuelto el caso.
Según la abogada de quienes se dicen poseedores: “los poseedores inscribieron en notaría su posesión, mediante escrituras públicas 196 del 27 de febrero del 1981 de la Notaría Segunda de Cartagena y la 1923 del 8 de diciembre de 1981 de la misma notaría, demuestran que la familia si es poseedora de los predios que están al lado de Contecar pero fueron despojados por la Inspección Décima de Policía de Cartagena, lo cual es contrario a la ley”, dijo la abogada de Lucila Hernández.
Contecar responde, que con fundamento en la ley, una posesión no se convierte en derecho por el mero acto de la inscripción ante notario, pues es necesaria una sentencia judicial que la reconozca como generadora de derechos; y es claro que si los señores se dicen poseedores, desde hace tanto tiempo, ¿por qué no iniciaron su proceso judicial mucho antes? y solo lo hacen ahora cuando ellos legitimados por la propiedad inscrita en la oficina de registro de Instrumentos Públicos, empezaron a construir sus obras.
Señalan los supuestos poseedores que la familia fue desalojada, y por eso denunciaron al inspector de Policía que practicó la diligencia, por los delitos de prevaricato por acción (el funcionario público que profiera resolución contraria a la ley). Actualmente los procesos de prescripción y denuncia se encuentran en curso: la prescripción en el juzgado Cuarto Civil del Circuito, y la denuncia en la Fiscalía.
“La señora Lucila manifestó a este medio que la empresa y sus abogados les pidieron dialogar y conciliar los procesos y aportaron un acta de transacción en la que Contecar propuso darles la suma de 60 millones de pesos para que Hernández desistiera de las acciones legales respecto de los predios, y en contra de la empresa, pero no se concretó nada por el cambio de jefe de la oficina jurídica”, sostuvo.
Hernández Monroy aclaró que si la empresa quiere construir en los predios debe primero aclarar con ella y su familia la situación del predio.
“La abogada de Contecar me ofreció $60 millones pero ni mis hijos ni yo aceptamos, si Contecar quiere esto para el muelle, nos arreglamos con mis siete hijos y los abogados”, afirmó. La familia dijo estar desconcertada porque la empresa está construyendo en un predio que es objeto de un pleito jurídico, y pide a entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y Personería, estar atentos a estos procesos.
Eran los vigilantesSegún Lucila Hernández Monroy, su fallecido esposo Manuel Ariza González y ella eran vigilantes de los terrenos y por eso vivían allí.
“Mi marido cuidaba estos terrenos en 1958, el dueño murió. Pasaron 15 años y nosotros sacamos papeles e hicimos una escritura de posesión con testigos, y hasta el día de hoy, había vivido una vida llena de paz, tenía cerdos, gallinas y palos de tamarindo”, dijo.
Habla ContecarPara el gerente de Contecar, Juan Carlos Acosta, estos casos se ventilan a través de los jueces y con fundamento en la ley. “Para eso están los jueces quienes decidirán el caso”; sin embargo, aseguró tener toda la documentación respaldada que demuestra la propiedad de Contecar sobre los terrenos que la familia dice haber poseído.
El Gerente de Contecar, afirmó que “en 1988 la Flota Mercante Gran Colombiana era la propietaria del bien, que impulsó un proyecto de acuerdo con los pensionados, pero posteriormente se liquidó, y fue la Federación Nacional de Cafeteros quién adquirió el compromiso legal de remunerar a los pensionados de la liquidada Flota Mercante, que constituyó un patrimonio autónomo con el dicho inmueble. Contecar adquirió este bien, en el 2005 y todos los documentos legales se encuentran registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos”.
Aunque la empresa no suministró documentos para respaldar su versión este medio tuvo acceso al Certificado de Libertad, o Folio de matrícula Inmobiliaria que recopila la historia del bien, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos, que confirma que Contecar efectivamente aparece como la propietaria de los predios, y en este no aparece registro de posesión alguna.
“Solamente cuando empezamos a darle vida a un proyecto para la zona y la ciudad, que comenzó hace muchos años, empiezan a aparecer todas estas pretensiones pero ¿por qué no lo ventilaron desde el año 88? ¿por qué solamente ahora aparecen estos supuestos poseedores si como lo dije tuvieron la posibilidad pero sobre todo la obligación de demandar mucho antes y no lo hicieron?”, dijo.
“Cualquier ciudadano puede reclamar lo que quiere, pero son los jueces, los que deciden sobre la legitimidad de sus pretensiones con fundamento en las pruebas. Contecar es una empresa seria y respetuosa de la Ley, no hemos atropellado a nadie”, concluyó.
La abogada de la familia que disputa el predio con Contecar sostuvo que las pruebas que tiene la familia para demostrar que sí son poseedores fueron aceptadas por el juez.
