Diez años después, un contrato de 180 millones de pesos tiene enredados a dos ex alcaldes de Cartagena y a un exsecretario de Infraestructura del Distrito. Ese es el quid de la historia que mantiene a los ex mandatarios Alberto Barboza Senior, Carlos Díaz Redondo y al ex secretario de Infraestructura Enrique Chartuni González con una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, .
Los tres exfuncionarios afrontan, desde el 20 de abril pasado, un proceso judicial por este contrato que también tiene su historia propia. A estos se les sindica del delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”.
El contrato, que se firmó para remodelar el Parque de las Flores y de la plazoleta de los cines Capitol, lo adjudicó Carlos Díaz Redondo al final de su administración en noviembre de 2003.
Pero fue entonces el alcalde encargado de la época, Rodolfo Díaz White, quien hizo el anticipo del mismo, tocándole a Barboza Senior la ejecución de la obra, a la cual se le hicieron ajustes por petición de los vendedores de flores que iban a ser reubicados y organizados en el lugar. Por esos ajustes, el dinero no alcanzó para la plazoleta de los Capitol.
Las obras están debidamente sustentadas en actas y justificadas las inversiones, dice el ex alcalde Alberto Barboza.
Barboza Senior gobernó a Cartagena entre el 1 de enero de 2004 al 2006.
Ese el caso que una década después tiene en líos jurídicos a los ex mandatarios Díaz Redondo y Barboza Senior, así como al ex secretario de Infraestructura, Enrique Chartuni, quien estuvo en ese cargo durante tres administraciones distritales, incluida la última de Nicolás Curi Vergara.
COMIENZO DE OTRA HISTORIAEl 19 de abril de 2013, la Fiscalía Seccional 13 les dictó medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. (Lea aquí: Órdenes de captura para ex alcaldes de Cartagena)
El pasado 13 de agosto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito revocó la detención domiciliaria existente contra Carlos Díaz Redondo, Alberto Barbosa Senior y Enrique Chartuni González, comenzando otro capítulo más de la historia. (Lea aquí: Revocan medida de aseguramiento a Barboza, Díaz y Chartuni)
Ese juzgado está a cargo de Mercedes Estela Bueno Bustos.
TUTELA DE LA FISCALÍATras la decisión, el Fiscal 13, Álvaro Luis Lora Herrera, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en contra del Juzgado Penal del Circuito, por considerar que se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
En los antecedentes, el Fiscal 13 argumenta que la decisión del Juzgado “se constituye en una vía de hecho al carecer de motivación y basarse en pruebas nuevas propuestas por la defensa que no se debatieron en sede de instrucción. Aunado a ello, la demanda no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento a los encartados al momento de resolver la situación jurídica”.
PRETENSIONESEl accionante pretendía que se le amparara el derecho fundamental al debido proceso “y en consecuencia se revoque la decisión del 13 de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Penal del Circuito y designe otro despacho de la misma categoría para que nuevamente decida sobre la solicitud de control de legalidad de la medida de aseguramiento”.
FALLOAnte esos hechos, el Tribunal Superior decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por el Fiscal 13 y decretar la nulidad del auto de fecha 18 de agosto de 2013 y en consecuencia se ordena a la juez tercero penal del Circuito de Cartagena que en “el término de 72 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a pronunciarse nuevamente en el referido asunto…”.
La decisión también indica que Carlos Díaz Redondo, Alberto Barbosa Senior y Enrique Chartuni, “deben retornar a su lugar de residencia para cumplir con la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que contra ellos se había impuesto, circunstancia que debe ser verificada posteriormente bien a través del Inpec ora por el CTI de la Fiscalía, so pena de que el despacho tutelado libre las órdenes de captura pertinentes”.
En esa decisión hubo un salvamento de voto del magistrado Taylor Londoño Herrera.
JUZGADO PIDE ACLARACIÓN DE TUTELASobre el plazo de 72 horas dado a la jueza Bueno Bustos, este empezó a correr, pero ella aún no se ha pronunciado porque el pasado 20 de septiembre solicitó una adición y aclaración del fallo de tutela, promulgado el 5 de septiembre, pero notificado el 18 del mismo mes. La jueza pide aclaraciones porque no quiere dejar dudas sobre la “intangibilidad de su honor”.
Bueno Bustos solicita que “la sala se pronuncie acerca de un punto omitido en el fallo de tutela y que corresponde a un hecho que en forma irresponsable consignó la Fiscalía como irregularidad a mi cargo y es el asunto relacionado con el reparto del control de legalidad”.
“Fue con ocasión a un nuevo reparto derivado de las copias enviadas por el fiscal tutelante que esta oficina mediante auto de fecha 25 de julio de 2013 admitió la acción constitucional que en este caso elevaban no uno sino los tres procesas mentados. Luego entonces no acepto que desde ningún punto de vista el señor fiscal pretenda achacarme a mí irregularidades en el reparto de la cual somos ajenos los jueces, y sobre cuyo procedimiento elevé solicitud de manera urgente a la señora directora de la oficina judicial, para que me informara si efectivamente hubo alguna irregularidad sobre el particular (…)”.
ESPERANDOTodavía el Tribunal Superior no se ha pronunciado al respecto y mientras eso sucede, la tutela está suspendida.
También se conoció que muy a pesar de lo que le responda el Tribunal Superior a la Jueza, los exalcaldes y el exsecretario de Infraestructura, a través de sus abogados, impugnarán la tutela.
