Los procesos se retrasan, se vencen términos y la Justicia continúa parada y sin llegar a ningún acuerdo con el Estado.
Ya son 35 días del paro de la justicia y los juzgados de la ciudad siguen sin usuarios y con los jueces y trabajadores parados.
La posición reiterativa del Gobierno, es que el paro es ilegal y llama a los funcionarios a volver a sus lugares de trabajo para evitar que sean descontados de sus salarios los días no laborados. Pero, por mandato de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) no es el Gobierno el encargado de declarar como ilegal una protesta, sino los jueces de la República.
Además, los juristas no ceden ante las presiones e insisten en que todos siguen firmes con el paro. “Es mentira lo que se ha dicho de que los que están en paro son minorías. Lo que buscan es tener un efecto psicológico para que se suspendan las actividades”, indicó un dirigente sindical cartagenero que no quiso revelar su nombre.
Mediante un comunicado público, Asonal (Asociación Nacional de Funcionarios de la Rama Judicial) informó que las principales ciudades del país siguen con el cese de actividades. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Popayán, entre otras, se mantienen en paro.
Los sindicalistas insisten en las mismas prerrogativas que han hecho desde hace 20 años, y que supuestamente habían sido resueltas en 1992 con la expedición de la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno “revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. Sin embargo, dicha ley nunca fue reglamentada.
La semana anterior, el gobierno llegó a un preacuerdo con un funcionario de Asonal según el cual se haría la nivelación salarial a cinco años. Preacuerdo que no fue avalado por la mayoría de los empleados judiciales, por considerar que la población judicial del país es mayor y de esta manera no conocerían ni se beneficiarían de los beneficios que se obtendrán.
Algunos atienden
Entretanto, los juzgados administrativos siguieron atendiendo sus procesos. Una funcionaria del juzgado primero administrativo del circuito indicó que desde el jueves pasado están atendiendo al público.
Mientras que en el Cuartel del Fijo el panorama es diferente, los funcionarios que allí se reúnen cada mañana dicen que no se están asoleando por una nivelación de 100 mil pesos a cinco años y consideran una burla para los funcionarios. “El país parado con la Justicia y ni siquiera hace una contra oferta, esto es una burla”, dicen los juristas.
Preocupa la seguridad
“Mira el número de asesinatos en noviembre y cuánto policías no había en las calles de Cartagena, eso indica que esto está suelto de madrina. Y aún así al Gobierno no le interesa negociar con nosotros. Eso es desprestigiar a la justicia”, explicó un sindicalista.
Y es que los crímenes ocurridos durante las Fiestas de la Independencia tienen preocupados a todos los sectores de la ciudad. Pero los jueces pusieron especial atención en el hecho de que sean los estratos 1 y 2 los que tengan los más altos índices de violencia.
Las peleas y riñas entre pandillas son los hechos más comunes los fines de semana en las comunidades que reciben subsidios pero que también tienen acceso a drogas, licor y armas. Muchos de esos casos también, están quedando sin resolver por cuenta del paro, por lo que los juristas piden acuerdo inmediato, para retomar las riendas de la justicia de la ciudad.
Garantizan derecho a la vida
El reparto de tutelas en materia de salud no se ha suspendido durante el paro. Los funcionarios encargados de este tipo de procesos, informaron que en la puerta del Cuartel del Fijo se hace un filtro para recibir solo a las personas que llegan con procesos de tutelas de salud y de Habeas Corpus (institución jurídica que garantiza la libertad personal, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias).
Todas las tutelas que son urgentes, como las personas que necesitan medicamentos u operaciones, que generalmente son elaboradas por la Personería, con medida provisional que significa que son personas que necesitan de manera perentoria los servicios, acá se les atiende y se les hace el reparto.
De esta manera, se informó que desde el 13 de octubre hasta ayer 13 de noviembre, se han atendido 125 casos para juzgados municipales y 52 casos para juzgados del circuito, en los cuales se garantiza que las personas reciban sus medicamentos o sean atendidos u operados, según sea el caso.
