Visiblemente airados salieron un importante número de asistentes a la audiencia programada para la mañana de ayer sobre el caso de Emilia Fadul Rosa, ex registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena.
El motivo de la irritación manifestada por asistentes a este encuentro, fue la decisión de la juez de aplazar, por tercera vez, este acto mientras Fadul Rosa y cinco personas más (Orlando Luis Puello Ortega, ex juez Primero Promiscuo de Mompox (Bolívar); Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo, ex notario décimo de Barranquilla (Atlántico); Julio Alberto Mendoza Bula, ex gerente de Corelca; Argemiro Lafont Díaz, abogado; y Luis Alberto Ballestas Martínez, comerciante) permanecen detenidas en distintos centros penitenciarios de Bogotá por haber incurrido supuestamente en los delitos de peculiado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, prevaricato por acción y falsedad material en documento público.
En esta ocasión la diligencia fue aplazada porque mediante una llamada el abogado de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), una de las partes implicadas, manifestó su interés de asistir y que habría sido informado de la diligencia poco antes.
El Caso
Según lo establecido, Corelca, Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, en 1998 y 1999 extendió redes eléctricas de alta tensión en zona rural de Mompox, obras que afectaron los predios de aproximadamente 64 familias que luego demandaron a la empresa electrificadora.
Posteriormente, para resarcir a los damnificados Corelca cedió un terreno, denominado Mamonal, de 34 hectáreas cerca de Cartagena, 12 de esas hectáreas estaban catalogadas como reserva forestal.
De acuerdo con la investigación, el abogado de los afectados tramitó las escrituras de ese predio a nombre de dos propietarios falsos. En la cadena de supuestas anomalías habrían intervenido, presumiblemente, los hoy procesados.
Las víctimas continúan reclamando el predio cedido por Corelca en calidad de resarcimiento.
La fiscal del caso señaló que los investigados causaron un detrimento patrimonial al Estado cercano a 14 mil millones de pesos, valor del predio Mamonal.
Los procesados se hallan en establecimientos carcelarios de la capital, desde el 4 de mayo último por decisión de la Juez Quinta Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías.
