Anunciada la visita de las cabezas nacionales de la Contraloría y la Procuraduría para mañana, el exalcalde encargado, Óscar Brieva envió al mismo procurador, Alejandro Ordóñez, y al delegado departamental de la Contraloría General, Sergio Borge, el informe de su gestión durante su encargo, que también había sido entregado días antes al hoy alcalde encargado, Bruce Mac Master.
Antes de dejar formalmente su cargo, Brieva pidió a los directores y secretarios de despacho datos de las diferentes dependencias para preparar el informe que luego presentó al encargado entrante. La intención de Brieva es “que la ciudad conozca lo sucedido y se aclaren todas las injurias y calumnias” de las que, dice, han sido víctimas él y la Administración.
El informe (que puede ser consultado aquí) recorre los temas que han rodeado al Gobierno Local desde sus inicios. Se detalla el déficit de $64.414 mil millones que dicen que les dejó la administración de Pinedo Flórez, la reducción de regalías para el presupuesto de 2012, la situación financiera de Edurbe, entidad de la que Brieva fue gerente y dio a conocer sus falencias; los problemas de orden público de la ciudad, incrementados en las últimas semanas; los riesgos económicos del Distrito por demandas de contratistas y proveedores de obras y concesionarios; y la pérdida de credibilidad institucional.
Seguidamente detalla los que considera avances de la administración Terán Dix, como la determinación de no hacer más convenios interadministrativos para “no evadir las licitaciones públicas” y las denuncias ante los organismos de control respecto a Edurbe, donde se vieron casos en que la entidad recibió el ciento por ciento de los recursos para ejecutar obras y hasta hoy, no hay plata pero sí varias obras sin terminar.
Lo que falta
Lo que no explica el informe son los interrogantes a los cuales, principalmente, se debe la visita de los entes de control a Cartagena: la firma del otrosí al contrato de aseo, ni los contratos de aseo y vigilancia suscritos con la firma Chemical Services o las supuestas injerencias familiares en dependencias administrativas, que ya motivaron el inicio de indagaciones preliminares por parte de la Procuraduría, así como un control excepcional de la Contraloría General.
El asesor jurídico del Distrito, Fabio Castellanos, confirmó que el 27 de septiembre le pidió a Pacaribe y a Aseo Urbano de la Costa aceptar de forma expresa la revocatoria del otrosí que fue firmado pero, hasta el momento, no ha recibido respuesta de ninguna de las dos empresas y, de no recibirlas, dijo que demandará los contratos.
Voces en contra
El polémico dirigente gremial, William Mourra Babun, en carta al alcalde encargado, Bruce Mac Master, le puso varios temas, entre estos, la firma del otrosí al contrato de aseo. Mourra señala que “el señor Felipe Merlano (quien también fue alcalde encargado) no iba a hacer el mínimo esfuerzo para revocar de oficio o directamente los otrosíes del escándalo porque, en todo momento, tanto él como Óscar Brieva tuvieron conocimiento de lo que se estaba gestando para atentar contra la ciudad y sus usuarios de aseo”, y asegura que tiene pruebas contundentes para sustentar su afirmación.
En esa misma línea, califica al asesor jurídico Fabio Castellanos como “experto en nadar en dos aguas”, al decir que “por un lado dice que todo lo actuado es irregular por lo que cree que hay que irse por la justicia contenciosa administrativa, quien fallará después del año 2017, o sea, cuando los bolsillos de los malos actores se hayan llenado de dinero, y por el otro, solicita a los contratistas que sean ellos mismos quienes pidan la revocatoria de los actos criminales”.
De igual forma, en un aparte del cuestionario con fecha del 26 de septiembre de 2012 enviado por la senadora Daira Galvis Mendez al exalcalde encargado, Felipe Merlano, para el debate de control político pendiente en el Congreso de la República, esta cuestiona “cuáles han sido las razones para mantener a la fecha de hoy la integridad y vigencia de los dos otrosíes de marras a sabiendas de la ilicitud, ilegitimidad e ilegalidad de los mismos, a pesar del grave daño al patrimonio distrital y a los intereses de los cartageneros y en contravía de la moralidad pública que debe asistir la actuación de los funcionarios del estado y la contratación estatal”.
La última palabra la tendrán la Procuraduría y la Contraloría una vez finalicen las investigaciones en el Distrito, que ponen a correr a más de uno.
“No tengo nada que decir”: Brieva
Respecto a las afirmaciones de Mourra, en las que señala que tanto Felipe Merlano como Óscar Brieva conocían de antemano lo relacionado con el otrosí a la firma de aseo, este último señaló que no tenía “absolutamente nada que decir” porque en ese tiempo era gerente de Edurbe y no tenía relación con el tema de la Administración Central. “Si el señor William Mourra tiene las pruebas, que las presente ante los organismos de control porque sobre ese tema, sinceramente, no tengo ningún tipo de conocimiento. En ese tiempo, el encargado era Felipe Merlano”, dijo Brieva
Este medio trató de comunicarse con Felipe Merlano para conocer su posición al respecto, pero no fue posible ya que su celular aparece como fuera de servicio.
Por su parte, Fabio Castellanos dijo que respetaba la posición de Mourra, pero que en los temas jurídicos debe respetar la experiencia de los expertos en la materia. “Estamos actuando con absoluto convencimiento en los trámites administrativos iniciados. Estoy seguro que él es mejor ingeniero que abogado”, concluyó Castellanos.
