Fue necesaria la creación de dos nuevos despachos de descongestión debido a que, pese a no superar los 6 años de funcionamiento, los 13 juzgados administrativos existentes se encuentran totalmente abarrotados de procesos, lo que a su vez incide en el aumento de la ya alta congestión que afronta el Tribunal Administrativo de Bolívar, a donde van a parar los procesos provenientes de cada uno de éstos.
Precisamente en mayo pasado, la magistrada Nora Jiménez Méndez, presidenta del Tribunal Administrativo de Bolívar, informó que ese ente judicial se encuentra tan congestionado que cada uno de los magistrados maneja actualmente unos 800 casos, mientras que los 13 jueces administrativos, con tan poco tiempo de labores, ya tienen entre 500 a 600 procesos cada uno.
Los dos nuevos juzgados tienen como reto fallar por lo menos 41 procesos judiciales mensualmente e impulsar (tramitar) por lo menos 80. En cada uno de ellos laborarán 5 personas, incluyendo al juez.
Estos nuevos despachos manejarán inicialmente casos de acciones populares, de cumplimiento, acciones de grupos que vienen siendo atendidos en otros juzgados y no procesarán tutelas, ni habeas corpus.
Nombran más personal
De igual manera, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el nombramiento de 13 nuevos escribientes para cada uno de los juzgados administrativos, los cuales tendrán que colaborar en por los menos 41 procesos mensuales.
El nuevo proceso, un reto
Además de tratar de descongestionar los juzgados, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura considera que estos despachos administrativos deben evacuar el mayor número de procesos lo antes posibles debido a que se acerca la implementación del Nuevo Código Contencioso Administrativo, que obliga a implementar el sistema oral en cada uno de los procesos de esta rama de la justicia, el cual entrará en vigencia a partir del 2 de julio de 2012.
Además del sistema oral, , la nueva normatividad contenciosa administrativa también asume como parte vital el uso de las nuevas tecnologías, hasta tal punto que las notificaciones y otros trámites procesales podrán realizarse a través de medios electrónicos.
Estas nueva reglas implican también que los trámites procesales sean más rápidos, pues en el peor de los casos, por ejemplo una demanda de reparación directa debe ser resuelta en menos de un año y 6 meses, a diferencia de hoy que duran hasta o más de 10 años.