La encargada de ubicar a las familias damnificadas por el invierno y a aquellos que están en zonas de riesgo en todo el país es la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, que en el último año se enfocó en el tema de vivienda.
Ese foco también se debe a la meta de crear un millón de viviendas que se fijó el presidente Santos a pocos meses de su mandato, y que tuvo que acelerar motores con la afectación que dejó La Niña. Además, porque del millón de casas se espera que 700 mil sean de interés social, destinadas no solo a los afectados por el invierno, sino también a los desplazados y a los que viven en zonas informales y de riesgo.
¿Cuál fue el motivo de su viaje a Washington?
Reunirme con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial para repasar todos los créditos que tenemos en curso en agua potable, saneamiento básico y en vivienda de interés social. Con los dos bancos tenemos operaciones y con los dos estamos construyendo algunas a futuro. La operación más importante es una nueva para llevarle agua potable y saneamiento básico a la población rural de Colombia. También acabamos de terminar una operación para macroproyectos con el Banco Mundial para estructurar y financiar la preparación de estos grandes proyectos y subsidios familiares de vivienda.
¿De cuánto es el crédito?
Son 40 millones de dólares para macroproyectos, 10 millones de dólares para el financiamiento del programa IBS de medio ambiente, 20 millones para el programa de residuos sólidos, y 110 millones para el programa de prevención de desastres naturales, todos con el Banco Mundial.
¿Y del millón de viviendas?
Teníamos proyectado cerrar el 2010 con 158 mil iniciaciones de vivienda, y logramos 161 mil. Para el 2011, estamos proyectando 190 mil viviendas iniciadas, las estadísticas nos muestran que vamos por buen camino. El reto significa transformar la escala de construcción de vivienda: hoy se producen 560 mil viviendas, para pasar al millón en el cuatrienio. Si hoy se construyen el 40% en lo social y el 60% en lo no social, queremos cambiar esa fórmula y que la mayoría de lo que se construya, el 70%, sea de interés social.
¿Y cómo se manejará el restante 30%?
Con toda la política estamos esperando llegar a las 700 mil viviendas sociales. Y las otras 300 mil es lo que nosotros queremos que con un buen entorno económico y de empleo, el mercado menor genere. En nuestro Gobierno el crecimiento en licencias de construcción fue del 63%. Si mantenemos ese ritmo llegaremos al millón de viviendas. No cantamos victoria todavía, la locomotora arranca a un buen ritmo, le soplan buenos vientos. El crédito hipotecario está creciendo y el Fondo Nacional del Ahorro cerró a junio con 76 mil millones en desembolsos, la cifra más alta en la historia de los 43 años del organismo.
¿El suelo afecta a la construcción de vivienda?
Tenemos que generar 7.000 hectáreas nuevas de suelo, pero ya hemos generado 4.000 a través de los macroproyectos. Ya hay unas ciudades donde hay iniciativas privadas y públicas donde hay ofertas de suelo. Con los macroproyectos estamos generando propuestas integrales de desarrollo urbano. Por ejemplo, si tengo un macroproyecto urbano en Cartagena para construir 25 mil viviendas sociales, nadie vende a un precio exagerado, porque sabe que el mercado le está compitiendo duro.
¿En qué medida afectó el fenómeno de La Niña?
El fenómeno de La Niña ha sido una oportunidad para focalizar los esfuerzos donde se debe, que es en la población damnificada y que se encuentra en zonas de alto riesgo. Estamos seguros que a través del fondo de adaptación tendremos ingresos adicionales a nuestro presupuesto regular. Eso se convierte en una oportunidad de oro para avanzar en nuestra meta.
¿Los damnificados tendrán vivienda segura?
Dependerá de la diligencia con la que actúen los alcaldes. Nos va muy bien en ciudades donde tenemos socios que tienen voluntad política para trabajar en este tema, porque muchas de las cosas nuestras dependen de una reglamentación local. Al ritmo que vayan los alcaldes, nosotros vamos.
¿Con cuáles ciudades trabaja en llave?
Pereira, Cali, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Medellín. Acabamos de suscribir convenios con catorce departamentos para la construcción de 32 mil viviendas, todo para afectados por el fenómeno de La Niña, eso nos cuesta 400 mil millones de pesos. Todos los municipios emblemáticos afectados están en nuestros inventarios.
¿En qué ciudades no han podido arrancar?
No tenemos proyectos importantes en Ibagué, Santa Marta, Quibdó, Turbo, Buenaventura, Pasto o Popayán y son ciudades que podrían absorber un proyecto de 3 mil o hasta 10 mil viviendas. Allí estamos trabajando para que se pueda dar este resultado.
¿Por qué razones no se tienen esos proyectos?
Diría que es un poco de todo, presupuesto y condiciones topográficas de las ciudades. Por ejemplo, el tema de Bucaramanga es complejo, porque la meseta está totalmente ocupada, entonces hay que moverse a municipios del área metropolitana. Tenemos un proyecto con el gobernador de Santander, Horacio Serpa, para construir 41 mil soluciones de vivienda.
¿Los alcaldes no saben realizar proyectos?
Una de las disposiciones es que como Gobierno central podemos entrar a apoyar la estructuración de proyectos en municipios donde no hay suficiente fortaleza. Los alcaldes en general han actuado de buena fe, lo que hay en municipios pequeños son constructores no profesionales u oportunistas que terminan ganándose la plata de los subsidios. Por eso tenemos cerca de 500 proyectos de vivienda en municipios pequeños sancionados o en incumplimiento. Creo que en algunos casos este año electoral no nos favorece, porque muchos alcaldes están de salida, algunos tienen interés, y otros no, en dejar un proceso sembrado. Les insistimos en la necesidad de dejar un proceso iniciado, de por lo menos un lote con urbanismo, para que podamos llegar a entregar los subsidios de vivienda.
¿Qué medidas está tomando el Ministerio para que no se construya en laderas y en otros sitios de alto riesgo?
En Colombia no se puede construir en zonas catalogadas de alto riesgo, o de riesgo no mitigable. Pero lo que ha pasado en la realidad es que la mitad de las ciudades del país se han construido de manera informal en zonas de alto riesgo.
¿Algunas personas son reubicadas, pero alquilan su vivienda?
Es muy difícil, se han presentado casos de beneficiarios de programas de reubicación que se devuelven a zonas de alto riesgo incluso buscando vender ese puesto a otra familia. En esto no podemos tener contemplaciones, porque se trata de proteger las vidas de las familias. La gente está en riesgo real. El fenómeno de La Niña nos dejó más de 400 muertos. Eran familias que estaban ubicadas donde no debían.
Atención a desplazados
La atención de desplazados es una oportunidad para la política de vivienda. Mucha de la población desplazada es beneficiaria de la Ley de Víctimas. Acabamos de tomar todas esas familias que ya tenían un subsidio y no lo habían cobrado para darles cuatro millones adicionales. Son, en total, 16 millones que van para la compra de la vivienda y cuatro millones para el urbanismo, que comprenden las vías, agua potable, saneamiento básico, disposición de residuos, andenes, ciclovías, todo lo que está alrededor de la vivienda. Hoy tenemos 45 mil familias desplazadas que no han cobrado subsidios. Hicimos una encuesta rápida y encontramos que no lo habían hecho porque les faltaba el proyecto de urbanismo.
